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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La policía de Perú arrestó a José Edilberto Samamé Blas, gerente de la ONPE, por omisiones graves en las elecciones presidenciales, marcadas por la falta de urnas y papeletas. La detención se hizo en cumplimiento de la ley y en medio de críticas por deficiencias logísticas que llevaron a la suspensión y reprogramación de votaciones en Lima sur.

La policía de Perú detuvo a José Edilberto Samamé Blas, gerente de la oficina (ONPE) que supervisa las elecciones presidenciales de aquel país, por graves fallas reportadas el pasado domingo.

Recordar que aquel proceso debió extenderse por situaciones complejas, entre ellas falta de urnas y papeletas.
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De acuerdo al medio asociado RPP, “la acción se realizó en estricto cumplimiento de la ley, como parte de la lucha contra la corrupción”.

Cabe destacar que este hecho responde a las mesas de sufragio que no se pudieron instalar durante las elecciones generales llevadas a cabo el domingo 12 de abril.

El arresto de Samamé Blas, que había renunciado a su cargo, se produce en medio de una ola de cuestionamientos hacia la ONPE por las deficiencias logísticas registradas durante la jornada electoral del último domingo.

A lo largo del día, miles de ciudadanos reportaron demoras excesivas en la apertura de sus centros de votación debido a la falta de llegada del material electoral, lo que derivó en que un número significativo de mesas no lograran habilitarse para el electorado.

La crisis alcanzó su punto más crítico en la zona sur de Lima, donde la ausencia absoluta de actas, padrones y cédulas obligó a los organismos electorales a tomar una medida excepcional: suspender el proceso en varios colegios y reprogramar los comicios para este lunes 13 de abril, generando malestar y frustración entre los votantes que acudieron a cumplir con su deber cívico.

Estas severas omisiones en la cadena de distribución afectaron el derecho al sufragio de miles de ciudadanos, que desencadenó en la retención de miembros de mesa y protestas en los exteriores de las instituciones educativas.

En tanto, la ONPE había adelantado que tomaría acciones legales contra la empresa tercerizada encargada del despliegue del material (Servicios Generales Galaga).