La defensa de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó este lunes el recurso de apelación en la causa Vialidad, donde fue condenada en primera instancia por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Por su parte, fiscales federales buscarán que se le adicione el delito de asociación ilícita.
La defensa de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, y los fiscales que la acusan apelaron este lunes por distintos motivos la condena que recibió la también exmandataria (2007-2015) en una causa por corrupción.
Recordemos que se trata de una sentencia en primera instancia se conoció en diciembre pasado, la que dicta 6 años de prisión y la inhabilitación para volver a ejercer cargos públicos.
Según confirmaron sus portavoces, los abogados de Cristina Fernández apelaron para pedir la absolución.
Esto, después de la condena recibida a 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos en relación a la concesión de obras viales.
La Fiscalía, en cambio, apeló el fallo por ser una pena bastante menor a la solicitada al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de la Capital Federal.
Fue allí cuando se condenó a la vicepresidenta, 7 exfuncionarios y al empresario Lázaro Báez.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal recurrieron la sentencia “en relación a las absoluciones” a Fernández como jefa de una asociación ilícita.
A esto se suman otros tres exfuncionarios como integrantes de esa asociación ilícita, y expresaron su desacuerdo con las penas recibidas por otros cuatro exfuncionarios.
Fiscales en contra de Cristina Fernández
El fiscal Diego Luciani y su coadyuvante Sergio Mola habían solicitado una pena de 12 años de prisión para Fernández.
Además se pidió que sea inhabilitada a perpetuidad para desempeñar cargos públicos por el delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.
En el proceso, que comenzó en 2019, se juzgó a Fernández y a otras 12 personas por las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Báez.
Todo esto, durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
