Organizaciones sindicales, sociales y políticas, dirigidas por el partido peronista de la provincia de Buenos Aires, se movilizaron este jueves a la sede de la Corte Suprema para apoyar a la vicepresidenta del país, Cristina Fernández, cuando se cumplen siete años de la primera vez que debió declarar ante un juez.
Bajo la consigna “democracia o mafia judicial”, miles de manifestantes reclamaron contra la supuesta “proscripción” de Cristina Fernández y pidieron que sea candidata a jefe de Estado en un año electoral que, de momento, no tiene fuertes líderes definidos en el peronismo.
La marcha, que pronto se transformó en un acto, tuvo como principal orador al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los seguidores más leales de Cristina Fernández.
“Venimos a defender la democracia. No estamos atacando a nadie, estamos defendiéndonos y defendiendo nuestros derechos. No somos nosotros los que sembramos violencia y odio. Con una Corte como esta, nuestros derechos están limitados”, expresó Kicillof ante una muchedumbre enardecida.
La vicepresidenta se encuentra actualmente condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta con fondos de la Obra Pública durante el tiempo que fue mandataria (2007-2015), aunque el fallo no está firme y será apelado.
“Se cumplen hoy 7 años de un episodio que marcó el inicio de la persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner, fue su primera citación para comparecer en Comodoro Py y ese día una multitud respaldaba a quien había sido presidenta de los argentinos por dos mandatos”, aclaró el diputado nacional y dirigente sindical Hugo Yasky, en diálogo con EFE.
Kirchnerismo acusa persecución judicial
La fuerza peronista sostiene que su líder es víctima de una persecución judicial (“lawfare”) que busca “proscribirla” y que el máximo tribunal forma parte de una “mafia judicial” que controla el aparato de la Justicia para interferir en las decisiones del Poder Ejecutivo.
El Gobierno del presidente Alberto Fernández se encuentra enfrentado a los integrantes del Supremo desde la condena a la vice mandataria, de hecho, todavía sigue en rotativas un proyecto que envió el propio jefe de Estado para enjuiciar a la máxima autoridad judicial por “mal desempeño de funciones” y al resto de sus miembros por “algunos hechos con distintos grados de responsabilidad”.
Existen pocas probabilidades de que el proceso prospere, ya que requiere la intervención de la Cámara de Diputados y del Senado con mayorías especiales de dos tercios de sus miembros, algo que no posee el oficialismo o la oposición.
“Ese momento marca un punto de inflexión para nosotros porque vuelve aparecer el partido judicial, cumpliendo la función que en otras épocas le asignaban a los militares: intentar proscribir e ilegalizar a los líderes populares para limitar y disciplinar el avance de los sectores populares”, aseguró Yasky.
Otra de las cuestiones fue un fallo del máximo tribunal que obligó al Ejecutivo a restituir fondos federales a la ciudad de Buenos Aires, que, en opinión de Alberto Fernández, servirán para financiar la carrera presidencial del alcalde capitalino, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, en los comicios de este año.
En este sentido, Kicillof afirmó: “Vamos a llenar las urnas de votos y vamos a romper la proscripción para que Cristina decida hacer lo más conveniente. Si Cristina quiere, el pueblo la va a acompañar y Cristina va a volver a ejercer cargos. La proscripción del peronismo se venció en la calle, se acabó con la organización del pueblo”.
