Este lunes, en Argentina, continúa el juicio en contra de la actual vicepresidenta trasandina, Cristina Fernández, acusada de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, supuestamente cometidos durante su mandato como presidenta. Cabe recordar que el proceso se reanudará luego del atentado en su contra, sufrido el pasado jueves.
El juicio oral al que es sometida la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas durante su Gobierno (2007-2015), afronta este lunes el inicio de la fase de alegatos de su defensa.
El ataque sufrido el pasado jueves por la también exmandataria a las puertas de su domicilio en el barrio capitalino de Recoleta marca la nueva fase de este juicio, en la que deben comparecer los acusados ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Buenos Aires.
Juicio contra Cristina Fernández por presunta corrupción
Este lunes, en medio de un contexto diferente tras el atentado del pasado jueves, se reanudará el juicio oral contra Cristina Fernández.
En ese contexto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la actual vicepresidenta.
Los abogados de Fernández deberán presentar los alegatos de su defensa dentro de dos semanas. Por lo que, por el momento, el que fuera presidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz (sur) de 2005 a 2006, Héctor Garro, será el primero en comparecer.
La Fiscalía había pedido tres años de prisión en suspenso por presunta administración fraudulenta para Garro, que se hará presente físicamente, mientras que el resto de los involucrados en la causa seguirá la audiencia por videoconferencia.
Las acusaciones contra Fernández
De acuerdo con el cronograma de audiencias fijado para el juicio contra Cristina Fernández, esta tendrá que presentar su defensa el 19 de septiembre próximo y cada acusado tendrá hasta tres oportunidades para exponer sus alegatos.
La exmandataria está acusada de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.
Lo anterior, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato y el de su marido, el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), en Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Tras el pedido de prisión de la Fiscalía, la vicepresidenta aseguró que no existen pruebas en su contra y que ninguno de los citados a declarar durante el juicio apoyó la versión de los fiscales.
De igual modo, la expresidente, culpó a los persecutores de adoptar un “guion” de los medios de comunicación afines a la actual oposición política.
