El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas el último fin de semana de ese mes que dejó más de 80 víctimas.
El polémico presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió durante la jornada de este pasado miércoles en sus redes sociales una estadística en la que se aseguran dos meses con 0 homicidios en el país centroamericano.
Una ola de asesinatos a finales de marzo pasado dio pie a la Asamblea Legislativa a otorgar poderes especiales al Ejecutivo del presidente Bukele.
En el vigente Estado de Excepción en El Salvador se ha reportado la detención de 50.500 personas, a las que acusan de pertenecer a las pandillas.
“Julio y agosto 2022 se convierten en los dos meses más seguros de nuestra historia”, aseveró por medio de Twitter el mandatario de 41 años.
El Congreso aprobó el pasado 17 de agosto la quinta prórroga del régimen de excepción, por lo que su vigencia se extiende hasta finales de septiembre.
0 homicidios.
Julio y agosto 2022 se convierten en los dos meses más seguros de nuestra historia.
Seguimos…#GuerraContraPandillas https://t.co/LEiZa9SXZl
— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 1, 2022
Las organizaciones sociales salvadoreñas e internacionales han recibido miles de denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos. Lo anterior, además de señalar que bajo este régimen se han dado detenciones arbitrarias y tortura.
Lucha de Nayib Bukele en contra de las pandillas
El Estado salvadoreño reconoció en un informe enviado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) que se registra la muerte de personas detenidas, sin precisar la cifra.
El Gobierno salvadoreño ha respondido al fenómeno de las maras con la medida de régimen de excepción, que ha sido denominada por Bukele “guerra contra las pandillas”.
Esto, sin que hasta el momento se conozca un plan gubernamental para dar una solución concreta a dicho fenómeno más allá de la cárcel.
Las pandillas son un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) que tomó fuerza con la deportación de pandilleros de Estados Unidos.
Son grupos delictivos han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
