El espionaje contra defensores de derechos humanos y periodistas en México a través del spyware Pegasus probablemente no ha terminado, porque partes del dark State mexicano han sido absorbidas por el gobierno de AMLO.
Espiar a un periodista es casi igual de violento que asesinarlo porque el objetivo es el mismo.
Bloquearlo, silenciarlo, descubrir sus fuentes de información, todo con el fin de impedir que los secretos del gobierno y los poderosos sean revelados.
México no es solo el país donde más periodistas han sido asesinados en la última década, sino que ahora es también el país donde más periodistas han sido blancos de espionaje por el gobierno.
Durante los últimos días la investigación “Pegasus Project” ha sacudido a la comunidad internacional.
Se confirmó la práctica sistemática de espionaje realizada por diferentes gobiernos, no con fines de seguridad nacional, sino con fines claramente políticos.
No para proteger intereses nacionales, sino para proteger intereses privados.
En la lista de más de 50 mil números telefónicos que fueron filtrados a Amnistía Internacional y Forbiden Stories.
A través del virus Pegasus, de la empresa israelí NSO, se incluyen los números telefónicos de al menos 185 periodistas de todo el mundo.
México encabeza el ranking del país con más teléfonos que fueron target para ser infectados con Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto: 15 mil números, según Pegasus Project. El Watergate a la mexicana.
Ni el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, habría soñado con poder espiar a tantos como logró hacerlo el gobierno de Peña Nieto.
Decenas de defensores de derechos humanos y actores políticos incluyendo al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, familiares y su círculo más cercano.
La historia del Watergate a la mexicana
El tema del espionaje a través de Pegasus en realidad no es nuevo y muy probablemente no ha terminado.
Desde el 2016 Citizen Lab publicó la primera información sobre espionaje político en México por parte del gobierno de Peña Nieto.
Se uso el virus en 2015 contra el periodista Rafael Cabrera cuando éste investigó sobre la residencia millonaria regalada a Peña Nieto.
En 2017, The New York Times abundó en el tema y desde entonces las ONG Artículo 19 y R3D presentaron una demanda penal como representantes de diversas víctimas del espionaje. Entre ellos, la periodista Carmen Aristegui, miembros de su equipo, Griselda Triana, esposa del periodista Javier Valdez asesinado en 2017.
Luego del homicidio de su esposo Griselda e Ismael Bojórquez, el director del semanario sinaloense Río Doce, se descubrió que fueron víctimas de Pegasus.
Las victimas visibles de Pegasus es claro: eran en su mayoría incómodas al gobierno federal en turno. Sí, todo esto es muy escandaloso y muy grave.
Es un crimen aún peor que el espionaje orquestado en la administración de Nixon que en 1974 lo obligó a renunciar a la Presidencia de EEUU.
¿Por qué si esto ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto?. ¿El actual Presidente López Obrador fue victima de espionaje?. ¿El caso sigue impune? ¿Por qué?.
La respuesta puede estar en que, aunque ha cambiado el nombre del presidente, en realidad el dark State en México permanece intocable.
Continúan la secrecía y el encubrimiento
De esto habló Leopoldo Maldonado, director de Articulo 19, una de las organizaciones que representa legalmente a víctimas de Pegasus desde 2017. Entre las víctimas que representa están Griselda Triana y Carmen Aristegui.
Comentó que desde entonces hasta la fecha existen omisiones y resistencia a investigar por parte de la PGR y ahora la FGR.
Dejar la carga de la prueba a la victima en vez de que la FGR haga su investigación en sus propios archivos, bases de datos, contratos y funcionarios, es parte de los obstáculos para resolver el caso.
Se podría entender que en el gobierno de Peña Nieto la PGR era juez y parte en el caso, es decir era culpable y a la vez debía hacer la investigación, por eso la investigación nunca avanzó.
La gran pregunta es por qué con el nuevo Fiscal Alejandro Gertz Manero no hay un replanteamiento de la investigación y un nuevo entendimiento del tema.
“Seguimos varados en una discusión estéril de cómo se puede probar los intentos de infección o las infecciones consumadas así como los posibles responsables”, dijo Maldonado.
La defensa de los denunciantes ha sugerido desde 2017 a la fecha diversas líneas de investigación lógicas para dar con los responsables.
La PGR y ahora la FGR se han negado a seguir esas líneas, pese a que jueces han emitido fallos a favor de los afectados.
Deben fiscalías investigar a Omar García Harfuch
Uno de los responsables directos del Watergate a la mexicana es el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. Durante su gestión la AIC contrató y usó el virus Pegasus a NSO.
Zerón no solo era parte del grupo de Enrique Peña Nieto, sino que es un policía corrupto, dirigido por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.
Dejó de ser titular de la AIC en septiembre de 2016. Existen pruebas de que el virus siguió siendo comprado y utilizado al menos en 2016 y 2018.
Quien sustituyó a Zerón en el cargo del AIC fue Omar García Harfuch, actual Secretario de Protección Ciudadana de la Ciudad de México.
García Harfuch protegió a Zerón de las torturas y sabotaje a la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Si en 2017 las victimas presentaron denuncia ante la PGR por el espionaje, irónicamente la AIC como policía investigadora del Ministerio Público debía hacer la investigación. No lo hizo de manera eficaz.
En 2019 el Instituto Nacional de Acceso a la Información determinó que la PGR había desaparecido las pruebas relacionadas al caso Pegasus, lo cual habría sido un acto de encubrimiento.
Si el usuario del virus en la PGR era la AIC, sería directamente García Harfuch uno de los funcionarios en quien debería centrarse la investigación de la FGR no solo por haber continuado usando el spyware Pegasus, sino por la alteración de pruebas del espionaje.
Sin embargo, hasta donde se sabe, no ha sido siquiera llamado a declarar.
En la FGR quienes encabezan las principales áreas de investigación son integrantes de ese mismo grupo criminal de policías.
En estricto sentido es esta policía quien debe hacer la investigación de campo para encontrar las pruebas y a los responsables.
Zerón había sido citado a declarar sobre el caso Pegasus, pero sus amigos de la FGR lo dejaron escapar. Esto, luego de que un juez le girara orden de aprehensión por tortura en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en marzo de 2020.
