La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó el incremento de la violencia ejercida por grupos armados no estatales, criminales y otros elementos armados en contra de campesinos, indígenas y afrocolombianos.
Según el registro de la ONU, en lo que va del año fueron asesinadas 255 personas en 66 masacres perpetradas en 18 departamentos del país y 120 defensores de Derechos Humanos en asesinatos selectivos.
Desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz y la consecuente desmovilización de la guerrilla y su conversión en partido político, 244 ex combatientes de las FARC han sido asesinados.
El año termina para Colombia con unas cifras de asesinatos y masacres dolorosas y aterradoras, por lo que Bachelet exhortó a las autoridades colombianas a “tomar medidas más sólidas y mucho más efectivas para proteger a la población de esta horrenda violencia”.
“Lamentablemente, después de décadas de conflicto armado, la violencia ha sido normalizada en Colombia, algo que nadie debería aceptar”, manifestó Bachelet.
La violencia se ensaña contra el Cauca
En su pronunciamiento, Bachelet destacó a la comunidad Nasa del norte del departamento del Cauca como uno de los grupos indígenas más afectados, con 66 de sus integrantes reportados como asesinados en 2020.
Uno de los últimos episodios de la violencia que se ceba contra esta región del occidente del país ocurrió el 5 de diciembre cuando cinco personas -incluido un excombatiente de las FARC en proceso de reintegración- fueron reportadas como asesinadas en dos hechos diferentes.
Además, el mismo día, 24 líderes y autoridades del pueblo indígena Nasa recibieron amenazas de muerte.
Otro ataque reciente ocurrió el 3 de diciembre en el departamento del Chocó, donde un líder indígena, Miguel Tapi Rito, fue asesinado, provocándose la huida de unas 900 personas de su comunidad –la mayoría mujeres, niños y niñas- hacia un pueblo cercano, donde han estado pidiendo a las autoridades del Estado que les brinde protección.
Desmantelar a los herederos del paramilitarismo
“Es deber del Estado estar presente en todo el país, implementando un amplio rango de políticas públicas integrales, no sólo con medidas drásticas en contra de los responsables de la violencia, sino también brindando servicios básicos y salvaguardando los derechos fundamentales de la población”, afirmó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
Asimismo, resaltó la urgencia de que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad desarrolle una política pública para desmantelar “las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo,” tal y como se solicitó específicamente en el Acuerdo de Paz de 2016.
En la misma línea de defensa de lo estipulado en el Acuerdo de Paz, Bachelet insistió en la urgencia de que se investiguen de manera rápida, exhaustiva, imparcial, independiente y transparente las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos, y se defiendan los derechos de las víctimas a la justicia, a la compensación y a la reparación.
Para tal fin, dijo, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación debería fortalecerse para desmantelar las redes criminales.
