La Unión Europea condenó a Venezuela el sábado por haber despojado a cuatro legisladores de la inmunidad parlamentaria, alegando que se trataba de una grave violación de la Constitución.
La Asamblea Constituyente de Venezuela -un organismo oficialista y totalmente afín al presidente Nicolás Maduro– anunció la medida a principios de esta semana, acusándolos de conspiración y traición.
Ahora hay 20 diputados bajo investigación en el país sudamericano sacudido por la crisis, donde el gobierno de Maduro condujo a que millones de personas decidieran emigrar.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, señaló que la suspensión constituye “una violación grave de las disposiciones constitucionales, el estado de derecho y el principio democrático de separación de poderes”.
“Las acciones en curso contra los miembros de la Asamblea Nacional, incluidos el acoso, la intimidación y las detenciones arbitrarias, están obstaculizando el trabajo constitucional de la Asamblea Nacional”, dijo Borrell en un comunicado.
Instó a todas las partes a reanudar un auténtico diálogo después que las conversaciones entre los colaboradores de Maduro y su oponente Juan Guaidó -reconocido como presidente interino por muchos países de América Latina y Occidente- se rompieran en agosto.
El mes pasado, la UE prorrogó por un año las sanciones existentes, incluyendo un embargo de armas, así como la congelación de activos y la prohibición de viajar para 25 personas cercanas a Maduro, acusadas de abusos de derechos.
El viernes, Estados Unidos, que ordenó sanciones aún más severas, amenazó con nuevas medidas punitivas y acusó a Maduro de sobornar a legisladores para bloquear la reelección del Guaidó como jefe de la Asamblea.
Venezuela denuncia “posiciones injerencistas”
El gobierno de Nicolás Maduro denunció que la Unión Europea y también la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, “pretenden interferir” en la justicia venezolana.
“A través de posiciones injerencistas”, ambas instancias “pretenden interferir en los procesos que adelanta el sistema de justicia venezolano”, reflejando así un “inaudito sesgo”, apuntó Cancillería en un comunicado tras conocer la sanción de la UE.
En tanto, Bachelet pidió el pasado miércoles al gobierno y oposición venezolanos que reanuden las negociaciones para encontrar una solución a la crisis en el país petrolero, con una inflación estimada en 200.000% por el FMI para el cierre de 2019.
Ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, la diplomática describió una preocupante fotografía de Venezuela, enumerando diferentes actos de violencia e intimidación, la desnutrición infantil o los actos de milicias armadas y las ejecuciones extrajudiciales.
El gobierno socialista ha acusado a la expresidenta chilena de “mentir” tras presentar en julio de un informe que denuncia supuestas ejecuciones extrajudiciales cometidas por cuerpos de seguridad del Estado venezolano.
“Venezuela insta” a Borrell y Bachelet “a ocuparse por sucesos graves que ocurren en la región”, expuso el documento, recordando la “judicialización política” del mandatario boliviano Evo Morales -aliado de Maduro-, con una orden de detención emitida en su contra por parte del gobierno de transición de su país.
