Las prácticas de represión contra la población civil ejecutadas por el gobierno de Venezuela podrían constituir crímenes de lesa humanidad, alertó este martes Amnistía Internacional (AI) en un informe en el que pide a la Corte Penal Internacional ampliar sus investigaciones sobre el país sudamericano.
Ejecuciones extrajudiciales, muertes por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y masivas son algunos de las prácticas detectadas por Amnistía Internacional reportadas en su informe “Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, presentado en Ciudad de México.
Esos procedimientos “configurarían crímenes de lesa humanidad por formar parte de una estrategia de ataque sistemático y generalizado, en contra de personas consideradas disidentes”, ejecutada por “agentes estatales o terceros que contaron, como mínimo, con la aquiescencia o consentimiento” de funcionarios, dijo la organización con sede en Londres.
“Como hemos denunciado desde hace años, en Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar, por la que el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Ejecuciones extrajudiciales
El informe se presenta en medio de una crisis política derivada de la pugna por el poder en la que están inmersos el presidente, Nicolás Maduro, y líder opositor Juan Guaidó, que el 23 de enero se autoproclamó presidente en funciones.
Guaidó es reconocido como presidente interino por más de 50 países, encabezados por Estados Unidos.
El informe destaca las manifestaciones que ocurrieron del 21 al 25 de enero de 2019.
Sólo en esos días, al menos 47 personas murieron en 12 de los 23 estados del país en el contexto de las protestas, “todas por heridas de bala”.
Y al menos 39 de esas víctimas “murieron a manos de las fuerzas de seguridad, o de terceros que actuaron con su consentimiento” durante las manifestaciones, prosiguió la organización de defensa de los derechos humanos.
“Once de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales selectivas”, alertó Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional al presentar el informe.
Una de esas víctimas mortales es Jhonny José Godoy, quien vivía en la comunidad de La Vega, uno de los sitios más emblemáticos del proceso revolucionario del fallecido expresidente Hugo Chávez, donde grabó un video contra Maduro.
El 25 de enero de 2019 Godoy fue sometido en su casa por agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), golpeado durante 30 minutos y asesinado de una bala en el tórax.
En medio de las protestas de esos días, añadió la oenegé, “más de 900 personas fueron detenidas arbitrariamente en todos los estados del país e incluyeron niños y adolescentes”.
Algunos de ellos “fueron torturados previamente a su muerte”, y “el cuerpo policial que llevó a cabo estas ejecuciones fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fundamentalmente a través de sus Fuerzas de Acciones Especiales”.
“Mientras no existan caminos claros hacia la verdad, la justicia y la reparación, Venezuela seguirá hundida en esta gravísima crisis de derechos humanos y de represión que hemos observado desde hace tiempo. Lo ocurrido a inicios de 2019, y más recientemente a finales de abril, es una muestra de ello”, concluyó Guevara Rosas en la presentación.