El presidente argentino, Mauricio Macri, prepara junto a sus más cercanos colaboradores una dura reestructuración gubernamental. Tras una maratónica agenda de reuniones el sábado pasado en la quinta de Olivos, la residencia presidencial ubicada en la periferia de Buenos Aires, el Mandatario trasandino resolvió adoptar cambios drásticos en el Gobierno: recortar a la mitad los ministerios.
La convocatoria incluyó al jefe de Gabinete, Marcos Peña; a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; al alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que este lunes viajará a Washington para presentar el martes un nuevo programa económico a las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin duda, las medidas tienen un objetivo claro y apuntan a una reducción adicional del gasto público del orden de 100.000 millones de pesos argentinos (unos 3.200 millones de dólares). Así pretenden llegar a una reducción global del gasto de cerca de 500.000 millones de pesos argentinos (casi 16.000 millones de dólares).
En Argentina, los periódicos han hecho sus apuestas. Clarín asegura que el cambio impactará al menos a 10 ministerios, mientras La Nación asegura que afectará a 11 carteras. Los ministerios de Trabajo, Modernización, Ciencia y Tecnología, Cultura, Energía, Agroindustria, Salud, Turismo, y Medio Ambiente se convertirán en secretarías de Estado bajo el paraguas de otras carteras.
Los cambios serán la norma y no la excepción. Probablemente el Ministerio de Transporte se una al de Energía y el de Salud con el de Desarrollo Social, al tiempo que los de Medio Ambiente y Modernización pasen a depender directamente de la Jefatura del Gabinete de Ministros.
Las carteras de Cultura y de Ciencia y Tecnología se integrarán al Ministerio de Educación, una vez degradadas al rango de secretarías de Estado. Trabajo pasará a estar bajo la órbita del Ministerio de Producción y Agroindustria, que acaba de despedir a cerca de 600 empleados públicos, el cual a su vez pasaría al Ministerio de Hacienda que dirige Nicolás Dujovne, otro de los asistentes a las reuniones de este sábado en Olivos.
En tanto, también es muy probable que el Ministerio de Producción absorba al de Turismo.
Crisis cambiaria al rojo
Naturalmente, las medidas responden al complejo escenario que ha enfrentado Argentina en los últimos días y que ha despertado los fantasmas de la crisis que debieron enfrentar bajo el Gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001).
La inestabilidad generó pánico en el país trasandino. La crisis cambiaria iniciada en abril llegó a su clímax la semana pasada cuando el peso se derrumbó 20% frente al dólar en dos días y, en efecto, recién el pasado viernes tuvieron una tregua, con una recuperación de casi 5% de su moneda.
El peso se apreció 4,98% a 38,97 pesos por dólar luego de que el Banco Central vendiera 250 millones de dólares de sus reservas. El mercado reaccionó tras un jueves negro en que el Banco Central subió a 60% las tasas de interés, que ya estaban en 45% -la más alta del mundo- y aumentó los encajes de los bancos.
Al frenesí cambiario se sumó la incertidumbre de los argentinos atenazados por una inflación de casi 20% a julio y una pérdida del valor de la moneda que acumula 50% desde enero.
Aunque las condiciones financieras son muy diferentes a lo ocurrido en 2001, los miedos de los argentinos se asemejan y el pesimismo sobre el futuro de la economía crece.
La CGT, principal central sindical, convocó a una huelga general para el 25 de septiembre en reclamo de un cambio de rumbo económico.
Al aumento del precio de los alimentos, el transporte, los servicios básicos y la educación se suma el temor a perder el empleo: uno de cada dos trabajadores ocupados teme ser despedido, según un sondeo del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (CETyD) y la consultora Ibarómetro.
Los efectos de la caída del peso se hacen sentir en todos los sectores sociales, hasta en los millonarios contratos de jugadores de fútbol de la liga argentina que, cerrados en dólares, obligan a los clubes a renegociar.
Así las cosas, la situación desencadenó una nueva tanda de negociaciones que iniciarán esta semana para una asistencia financiera adicional del FMI y consolidó a agosto como el peor mes financiero en los casi tres años que lleva el centroderechista Macri en el poder.
Nuevamente a los pies del FMI
Argentina se comprometió en junio ante el FMI a llevar el déficit al 1,3% en 2019, pero con esta nueva batería de cambios se especula que posiblemente se reduzca a 0,4% el año próximo.
Pero “la confianza de los inversionistas en Argentina es todavía frágil”, advirtió un reporte de Capital Economics.
En tanto, en su informe semanal, la consultora internacional remarcó que “existe un notorio riesgo de que el gobierno fracase en presentar un plan de austeridad convincente”, lo que “sería un riesgo evidente para una mayor caída del peso”, advirtió.
Para apaciguar a los mercados, Macri solicitó al FMI que adelante “todos los fondos necesarios” del acuerdo por 50.000 millones de dólares a tres años acordado en junio.
Desde junio ya recibió 15.000 millones de dólares y la semana pasada otros 3.000 millones. Espera así cubrir las necesidades financieras de 2019, cuando termina su mandato.
Y por eso viajará el lunes a Washington el ministro de Economía argentino, Nicolás Dujovne, para acordar los términos de una nueva ayuda del FMI. El martes deberá exponer a la directora del organismo internacional, Christine Lagarde, los detalles del nuevo compromiso que Argentina asume a cambio de acelerar los desembolsos.
Ante la fuerte situación de inestabilidad, Lagarde dio su respaldo y el del organismo a Macri, aunque estableció como condición revisar los alcances del programa que el Gobierno argentino había presentado apenas meses atrás.
Esto implica, dijo Lagarde en un comunicado, que el Gobierno de Macri plantee nuevas medidas monetarias y fiscales para obtener un nuevo adelanto.
“Pero no está claro si será suficiente para estabilizar las finanzas”, afirmó el analista del Deutsche Bank, Jim Reid. De hecho, la crisis cambiaria empujó el riesgo país hasta casi los 800 puntos, el segundo más alto de la región detrás de Venezuela.
