El alcalde de una ciudad del violento estado de Veracruz, en el oriente de México, entregó resorteras y piedras a sus policías después de que estos fueran despojados de sus armas por el gobierno estatal, por no cumplir con pruebas de confianza.
La insólita medida fue una forma de protesta contra el gobernador estatal de parte del alcalde del municipio de Alvarado, el opositor Bogar Ruiz, a pocos días de que se celebren elecciones locales y generales.
“Se nos hace muy raro que a una semana de las elecciones el señor gobernador tome esta decisión”, dijo Ruiz en un video que circula en redes sociales, donde se le ve entregando su nuevo armamento a los policías. “Se nos hace algo completamente político”, agregó.
El gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes, dijo por su parte que “el comandante y varios elementos” de la policía de Alvarado “no reunían los requisitos para formar parte de esa corporación”.
Dijo que la mayoría de los agentes serán investigados y se les repondrán sus armas posteriormente, mientras que el Gobierno reforzará la vigilancia en Alvarado con 60 efectivos de la policía estatal.
En Veracruz, son numerosos los casos de policías involucrados en desaparición de personas y delincuencia organizada.
El exjefe policial estatal, Arturo Bermúdez, está preso desde el año pasado por cargos de corrupción y desaparición de personas durante el gobierno del exmandatario Javier Duarte, quien también está encarcelado por corrupción.
Este domingo, autoridades del estado occidental de Michoacán informaron de la detención y desarme de la totalidad de los elementos de la policía del municipio de Ocampo, donde esta semana fue asesinado un candidato a la alcaldía.
En mayo, 119 policías del central estado de Puebla fueron relevados de sus cargos y desarmados por sospechas de colusión con grupos del crimen organizado dedicados al robo de combustible.
El relevo de policías locales, debido a la infiltración del crimen organizado, es una situación recurrente en México.
Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2014, cuando fuerzas federales debieron sustituir a las policías de 14 municipios de los estados de Guerrero (sur) y México (centro) por sus nexos con la criminalidad.
