La fase inicial del proceso de desarme de las FARC, que incluye el inventario de armas y la destrucción de munición inestable, comenzará este miércoles luego de que su ejecución se viera atrasada, dijo el martes el gobierno de Colombia.
“Este miércoles comienza el proceso de desarme, que supone el registro de las armas, supone la destrucción del armamento inestable, supone el almacenamiento de las armas de acompañamiento, todo lo que no se había hecho”, aseguró a periodistas el Alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo.
Según el cronograma acordado tras la firma en noviembre del pacto de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas) y el gobierno, el miércoles la guerrilla debía entregar a la ONU el primer 30% de sus armas, pero recién comenzarán a cumplirse las fases retrasadas mencionadas por Jaramillo.
“Lo que tenemos que ajustar es el inicio, los 180 días se mantienen” como límite para que el desarme esté completado, añadió.
Por tanto, en junio 100% del armamento de las FARC debería estar en manos de Naciones Unidas para su posterior destrucción, dijo Jaramillo, y explicó que la guerrilla y la ONU también avanzarán a partir del miércoles en el acuerdo para la entrega del 30% de armamento inicialmente acordado para esta fecha.
El ingreso de casi 7.000 miembros de las FARC a 26 puntos donde se concentran para su desarme y reinserción estaba previsto para fines de diciembre, pero se concretó solo hace diez días por problemas logísticos y eso retrasó el cronograma de dejación de armas, aunque las partes insistieron en mantener la fecha fijada para completar el desarme.
Jaramillo explicó igualmente que esta semana 1.200 miembros de las FARC “tendrían una resolución firmada por el alto comisionado que le permitiría a los jueces actuar” y otorgarles la amnistía acordada para quienes solo son señalados de rebelión y delitos conexos.
El ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, añadió que también se ha avanzado “en muchos (otros) temas” contemplados en el acuerdo.
Así, explicó que en el Congreso se prepara el “último debate” de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que juzgará los delitos cometidos en más de medio siglo de confrontación.
Y también se alista un acto legislativo para garantizar que tras culminar la dejación de armas “se mantiene la suspensión de órdenes de captura para los integrantes de las FARC” que no sean objeto de amnistía y deban someterse a la JEP.
