Jorge Alessandri: "Es cruel lo que se ha hecho con Juan Pablo Rodríguez"

A pocos meses de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, las encuestas registran una caída importante en el apoyo tanto al gobierno como al presidente de la República.

La situación ha encendido las alarmas en La Moneda y en los sectores políticos del oficialismo, particularmente después de que el propio mandatario manifestara públicamente su preocupación por el desorden en los equipos y partidos que lo respaldan.

En esta entrevista con Tomás Mosciatti, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, aborda los principales desafíos que enfrenta el gobierno y el rol del Congreso en esta coyuntura.

“El presidente Kast está haciendo todos los esfuerzos”

—El presidente Kast ha tenido que llamar públicamente al orden a los parlamentarios y líderes del oficialismo. Si lo hace públicamente, es porque las reuniones privadas no están funcionando. ¿Qué está pasando?

Desde hace un tiempo tenemos este sistema electoral proporcional que nos tiene con un parlamento muy fragmentado. A mí me tocó entrar en el año 2018 a una Cámara de Diputados que llegó a tener 21 partidos políticos. Por lo tanto, a quien gobierne le va a tocar armar coalición con muchos partidos muy pequeñitos, a veces partidos de dos o tres diputados, y eso hace mucho más difícil la coordinación. Era distinto con el sistema binominal, porque te dividía el país en dos grandes bloques. Este sistema más fragmentado hace más difícil la disciplina, la coordinación y todos los gobiernos al final batallan con esto.

El presidente Kast está haciendo todos los esfuerzos. En algunas cosas le va bien, en otras se demora un poco más. Al final, el presidente de la República piensa en el proyecto país. En cambio, cada partido, legítimamente, está pensando en su nicho de votación para la próxima elección. El presidente, cada vez que nos junta, nos hace un llamado a ordenarnos, pero también a levantar la mirada y pensar en Chile un poquito más a largo plazo.

—Pero ese llamado evidentemente no está resultando…

Muchas veces le resulta, otras veces no. Esto es igual que los carabineros. Nadie felicita a los carabineros por los 200 delitos menores que evitan con sus campañas de prevención, con su presencia. Ha habido algunas descoordinaciones, ha habido algunos puntos de prensa que no hubiéramos querido, quizás. Pero créame que hay 100 o 200 cosas que sí se desactivan a tiempo, que sí se puede conversar.

Si se revisa la agenda legislativa del gobierno, del 11 de marzo hasta ahora, se han ido aprobando proyectos tras proyectos, modificaciones menos vistosas, otras más, como la ley de reconstrucción. Más allá de las opiniones de los parlamentarios díscolos, en las votaciones hemos estado bastante ordenados.

—El Partido Nacional Libertario propone indultos a todos los uniformados condenados a propósito del estallido social. ¿Están de acuerdo con eso?

Nosotros tenemos en Chile dos formas de indultar. Una es una facultad del presidente de la República. Otra es cuando se hace un indulto por ley que pasa por el Parlamento. Puede ser general, pero también puede ser más particular. Nosotros creemos que el presidente tiene la facultad, la puede ocupar.

Hay casos tremendamente injustos que vemos del estallido social. Vemos personas que están privadas de libertad o que están siendo sometidas a procesos, que sería bueno evaluar. Por supuesto que, con más piso político, también podría hacerlo a través de una ley. Tendría que conseguir los votos en el Congreso. En lo que el presidente elija, nosotros vamos a estar ahí para respaldarlo.

—O sea, si elige indultarlos a todos, van a estar con él. Me refiero a lo que pide el Partido Nacional Libertario, que sean indultados todos los que han sido condenados a propósito del estallido social, militares, policías, todos.

Habría que revisar todos los casos. No he visto la lista del Partido Nacional Libertario. El indulto es una herramienta muy fuerte, porque un poder del Estado pasa por encima de otro. Es una herramienta antigua que nuestra democracia contempla, pero hay que usarla con mucho cuidado en casos muy especiales. Si esa lista es amplia, evidentemente que el ministro de Justicia, que es el que le recomienda, y el presidente de la República tendrían que revisarla muy concienzudamente y también evaluar los impactos y los efectos políticos que eso tiene en tu agenda legislativa.

Recuerde usted lo que le pasó al presidente Boric con los indultos, los impactos que eso tuvo, no solamente en su popularidad, sino en la tracción que iban teniendo sus proyectos de ley en el Congreso. Uno podría decir que hubo un antes y un después de esos indultos.

Vocería y comunicación del gobierno

—El vocero hoy día es el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que ejerce las dos funciones. El jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, dice que falta un vocero. ¿Se necesita un vocero exclusivo o no?

Yo he tendido a coincidir con las críticas. Creo que un vocero exclusivo ayuda a ordenar. Más allá de que todos los que ocupamos algún cargo público debiéramos estar siendo voceros de las ideas, del programa de gobierno, de las leyes que se van mandando al Parlamento, el vocero al final pone la línea de conducción.

Evidentemente, el ministro Alvarado actúa de jefe de gabinete, viene mucho al Parlamento también a ordenar las votaciones, tiene la dirección política de lo que ocurre en el gobierno y de su relación con el Parlamento. Pero una vocería exclusiva de un ministro destinado para eso, yo creo que ayudaría a comunicar con más claridad, alinear discurso entre gobernadores, senadores, diputados, alcaldes, concejales.

Hemos tenido buenos ejemplos de vocería en los últimos años en Chile y yo creo que es algo que habría que explorar. Se lo hemos sugerido al equipo de La Moneda y, al menos por lo que me han respondido a mí, no lo han descartado. Algunos creen que quizás no debiera tener el rango de ministro. Más allá de la forma y del rango, yo creo que sí es importante.

—El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, fue despedido. Hay toda una polémica al interior del oficialismo porque hay información contradictoria en cuanto a los exámenes sobre consumo de drogas. ¿Está bien despedido o no?

Yo habría esperado la contramuestra. El problema que tenemos es que tenemos varias leyes, en la ley de presupuesto, en la ley de reajuste, que obligan a ciertas autoridades a hacerse el examen de droga, ya sea esporádico, en el caso de los parlamentarios, semestral, pero después no hay ninguna ley que dé el protocolo, en qué laboratorio, con cuántas muestras, si es de pelo, si es de orina, si tiene que repetirse cuando hay un falso positivo o eventual falso positivo. Y como estaba solamente la obligación de hacerlo, pero no estaba la bajada del detalle, el gobierno optó por cortar por lo sano, tomar una definición basada en un examen.

En esa posición yo habría hecho algo distinto, habría esperado la contramuestra. El exsubsecretario ha ido demostrando con diversos exámenes que el resultado es distinto. Evidentemente, el daño que se ha hecho a su reputación profesional es muy duro y muy grave. No queremos que le pase en el futuro a ministros, subsecretarios, autoridades, y por eso queremos que se regule. El presidente Kast presentó incluso una reforma constitucional que establece esta obligación, pero también establece la obligación de regularlo en detalle.

—Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, fue mucho más allá. No solamente pidió que el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, le pidiera perdón a Juan Pablo Rodríguez, sino que además dijo que hay gente inmoral del gobierno que le hizo la cama, que aquí hubo una operación. Esto es muy serio. ¿Quién hizo la operación?

Es un trascendido de un grupo de WhatsApp en el que habría participado el senador Squella. Yo no estoy en ese grupo. Por lo tanto, no tengo los detalles. Pero más allá de la gresca, más allá del problema entre autoridades, yo creo que Chile se merece un sistema claro, con examen y test de drogas para policías, para autoridades, para fiscales, y que quede muy claro cuándo es causal de despido, cuándo no y cuándo te mereces otra muestra.

Es cruel lo que se ha hecho con Juan Pablo Rodríguez, reputacionalmente, en lo humano. Si el sistema prueba con muchos exámenes que fue falso, todos le debemos una disculpa desde el Parlamento por no haberlo regulado en detalle. Y también merece una disculpa de quien tomó la decisión de despedirlo, no sé si fue el ministro de Hacienda u otro.

—¿Sería deseable que cualquier funcionario público esté obligado a hacerse examen de droga?

Yo creo que sí. Evidentemente, es más riesgoso el consumo de drogas cuando son personas que están dedicadas a la persecución penal, como fiscales, policías, o los que estamos legislando para perseguir al crimen organizado. Pero al menos en los cinco niveles más importantes de la administración pública, es muy relevante hacerse el examen de manera esporádica y tener un protocolo clarísimo respecto a las sanciones que conlleva. Es importante para saber si eres consumidor, si eres dependiente de una sustancia ilícita, o incluso si tu voluntad puede ser manipulada por aquellos que te proveen esa sustancia ilegal.

Relaciones con Estados Unidos y sueldos públicos

—¿Se equivocó el canciller Francisco Pérez cuando dijo que Estados Unidos es el principal socio estratégico de Chile?

No, yo creo que es el principal socio estratégico de Chile. Siempre se dice China es el mejor cliente, Estados Unidos es el mejor amigo de Chile. Creo que hay que defender esa relación, a pesar de las diferencias, a pesar de los tiempos turbulentos, a pesar de las tarifas o aranceles.

—¿Usted cree de verdad que el fundamento de los trabajos forzosos es la causal para subir los aranceles para los productos chilenos por parte de Estados Unidos? ¿De qué socio estratégico habla cuando está dispuesto a violar el tratado que tenemos, que es obligatorio para las partes?

El presidente Trump había intentado esto antes, se lo había vetado la Corte Suprema. Ahora establecen esta nueva causal del trabajo forzado en países a los que Chile compra bienes. Yo creo que es una excusa. Es una sanción a 60 países; no hay que sentirse tan importante en el espectro mundial. Nos pega fuerte, tenemos que ir a defenderlo y tenemos que ir a defenderlo unidos. Ese tratado permite, en puntos muy específicos, poner estas tarifas o aranceles especiales cuando existen temas como el trabajo forzado. Habrá que demostrar que Chile no merece estar en esa lista.

El 12,5% de Chile parte desde cero, todavía tenemos una posición ventajosa para nuestros productos en Estados Unidos. Hay que hacer todas las gestiones para sacar a Chile de esa lista. No creemos en los aranceles, creemos en el libre comercio, y por eso tenemos hace más de 20 años un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

—Se dice que Estados Unidos está exigiendo replicar aranceles, gravámenes, prohibiciones de importaciones de terceros países, mecanismos de screening, en el acceso a minerales críticos. ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo forzoso? Si acepta Chile ser parte de esto, estaría derogando, por lo menos en esa parte, el tratado de libre comercio. ¿Está de acuerdo en que eso ocurra?

El tratado de libre comercio hay que cuidarlo, hay que refrendarlo, hay que hacer que opere. Chile tiene que defenderse en toda instancia. Nosotros no creemos que el mundo funcione como todas esas cosas que pide Estados Unidos. Somos un país de fronteras abiertas. Somos de los países que tienen más tratados de libre comercio. Estamos trabajando en un acuerdo con India.

Respecto al investment screening, a esta revisión de inversiones, no es una imposición de Estados Unidos. También lo tienen Australia, Canadá, Japón. Chile tiene que ponerse a punto para estar competitivo a nivel internacional. Pero lo que tenemos que seguir defendiendo siempre es que las fronteras abiertas, la libertad económica, el libre intercambio con los aranceles más bajos posible, al final es lo que hacen crecer nuestros países y superar la pobreza. Esto del proteccionismo se probó mucho en el mundo y solo trajo pobreza.

—El país vive una restricción económica. Hay una enorme cantidad de personas cesantes. Y frente a eso hay unos sueldos obscenos en el Estado. Hay funcionarios del Congreso que tienen sueldos iguales o superiores a los 205 diputados y senadores. ¿Cómo se explica eso?

Primero, se trata de funcionarios de carrera. Manuel José Ossandón, cuando fue presidente del Senado, empezó a hacer una planificación para cambiar esto. Hay que encontrar un balance. Por un lado, atraer talento a la labor estable del poder legislativo, tener buenos abogados de secretarios de comisiones, tener buenas personas haciendo los informes. Por otro lado, retener ese talento para que no sea levantado por la Dipres o por una superintendencia luego de que ganó toda la experiencia acá. Pero, por supuesto, los sueldos también tienen que tener alguna correlación con el nivel de vida del país, con lo que se considera un sueldo promedio para un profesional. Y tanto las superintendencias, los ministerios, la Contraloría, la Tesorería, la Dipres y el Congreso deben pensar en eso. Lo estoy trabajando con Paulina Núñez, presidenta del Senado. Queremos armar un sistema, una planta de término para los antiguos funcionarios, porque son personas que llevan 30 o 40 años, pero también una planta distinta para los jóvenes profesionales que entren como funcionarios estables del Congreso, que retenga talento, pero al mismo tiempo tenga una correlación con los sueldos que corresponden a un país de ingreso medio como Chile.

—Los funcionarios públicos ganan bonos en forma automática, cuando no debiera ser en forma automática. Se creó el Ministerio de Seguridad Pública, a los cuatro meses los funcionarios estaban ganando bonos porque habían cumplido metas o porque habían mejorado la gestión. ¿No es un chiste?

El programa de mejoramiento de la gestión que existe en todo el Estado, que al final es un bono cada tres meses por metas que se ponen los propios equipos, es muchas veces muy fácil de cumplir. En el Congreso hemos tratado de modernizar eso, de eliminarlo donde se puede, de que la meta sea una meta real, impuesta no por los mismos que se la van a ganar, sino impuesta por un jefe. Yo soy un convencido de que la inamovilidad en el Estado debiera terminar, de que el Estatuto Administrativo debiera terminar, de que también la forma de entrar al Estado y ser contratado o de ser despedido debiera ser mucho más flexible, porque al final es muy fácil entrar al Estado, pero tremendamente difícil despedir.

Por lo tanto, cada gobierno consecutivo va trayendo a sus propios equipos, pero nunca salen los del gobierno anterior. Por eso llegamos a cifras de más de un millón de empleos públicos en nuestro país. Eso, en salud, en educación, en el aparato central y también en los municipios, requiere cambios muy profundos. Terminar con la inamovilidad, parecernos más al Código del Trabajo y que tenga transparencia. Nos falta avanzar mucho en flexibilidad para no seguir abultando las cifras de empleo público.

—¿Usted quiere que Michelle Bachelet sea secretaria general de la ONU? ¿Le gustaría?

Creo que se merece todo el respeto porque fue presidenta de Chile dos veces, pero creo que hay mejores exponentes de Chile para promover a un cargo tan importante. Creo que algunas de las reformas que ella promovió en su gobierno no fueron beneficiosas para Chile. Y a mí, para afuera, me gustaría mostrar cosas positivas de Chile, cifras y personas que lideraron esas ideas positivas.

—O sea, ¿no le gustaría que ella sea Secretaria General de la ONU? Ella u otro de otra nacionalidad.

Preferiría que fuera otra persona en representación de Chile. Me encantaría que fuera un chileno. Pero no creo que la presidenta Bachelet sea la mejor exponente en ese puesto tan importante.