El Gobierno celebró la aprobación en el Senado del informe de la comisión mixta sobre la ley que busca sancionar los denominados “pelotazos” al interior de las cárceles del país. Si bien se valoró la normativa, aseguran que para erradicar este delito es necesario desarticular la red criminal que hay detrás.
La iniciativa, que fue despachada a ley, modifica el Código Penal para sancionar a quienes ingresen o intenten ingresar elementos prohibidos a recintos penitenciarios mediante lanzamientos.
Uno de los principales cambios es que bastará con acreditar el lanzamiento o el intento de ingreso para iniciar una investigación penal.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que la medida busca mayor control al interior de los recintos penitenciarios, generando mayor seguridad. En la misma línea, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aseguró que esta administración no permitirá prácticas de este tipo.
“No son una respuesta suficiente para el fenómeno que estamos enfrentando”
El exdirector de Gendarmería, Christian Alvear, aseguró que esta es una problemática que viene de hace años y que, si bien valora la sanción, no es suficiente una ley como esta para ponerle fin a esta práctica de manera automática.
“Esta es una problemática que tienen en los sistemas penitenciarios recurrentes. Vemos que estas medidas sí ayudan, pero no son una respuesta suficiente para el fenómeno que estamos enfrentando”, señaló.
El docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, aseguró que para erradicar este delito es necesario desarticular la red criminal detrás. A juicio del académico, quien tira el objeto suele ser la última persona en la cadena.
“Ya es la última o la parte más baja del eslabón. Lo que tendría que buscarse es poder subir a la cadena y desarticular a la red que se encuentra detrás y que provoca delitos, tales como el lanzamiento en este caso”, explicó.
La ley contempla penas que van desde los 61 días hasta los tres años de presidio. Sin embargo, el castigo aumentará si el objeto lanzado compromete la seguridad del penal, pone en riesgo la integridad de las personas, facilita la fuga de un interno o involucra a algún trabajador del servicio.
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