El análisis fue realizado por Odecu, que explicó que las personas acceden servicios estéticos "sin conocer las políticas de cambio, devoluciones, o si efectivamente son aptas para el tratamiento" por el cual consultan. "Inducen a los clientes a contratar y finalmente los tratan como simples números", se sentenció.
La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) informó este viernes que realizó un estudio para conocer el comportamiento, en materia contractual y de cumplimiento a la Ley del Consumidor, de 6 centros de estética y cosmetología que tienen operaciones en la región Metropolitana.
Odecu argumentó el análisis debido a que en Chile, durante los últimos años, la población “ha demostrado un grado mayor de preocupación por su apariencia”.
Y eso, agregó, “ha derivado en una rápida proliferación de centros de estética y cosmetología donde se realizan procedimientos estéticos no invasivos o mínimamente invasivos, como depilaciones, además de tratamientos con toxina botulínica y/o ácido hialurónico”.
Los centros estudiados fueron Aurora Estética, Centro Lem, Clínica Belenus, Clínica Cela, Clínica Estética Kintegra y Petty Woman Esthetic Center.
Principales hallazgos
Para Odecu resultó “llamativo” que las vulneraciones a la Ley del Consumidor, por regla general, son similares en todos los centros de estética analizados, esto es, que se vulnera el derecho del consumidor a realizar una contratación con toda la información veraz y oportuna, “lo que a nuestra interpretación, además vulnera la libertad de contratación”.
Stefan Larenas Riobó, presidente de la Organización, comentó que esa situación lleva a preguntarse “si existe realmente un consentimiento informado” en las contrataciones de los procedimientos estéticos.
“Lamentablemente, a nuestro juicio, no existe un consentimiento informado, porque simplemente el consumidor no accede a la información básica para la contratación, y de hecho en los casos más graves, además de no acceder a un contrato, se envía junto con la cotización un botón para realizar directamente el pago por los tratamientos”, sostuvo.
Por todo, explicó que las personas acceden a estos servicios “sin conocer las políticas de cambio, devoluciones, o si efectivamente ellos (los clientes) son aptos para el tratamiento” que les interesa.
De acuerdo a lo investigado por Odecu, todas esas irregularidades “resultan perjudiciales para los consumidores, porque finalmente todos los derechos obtenidos en estos últimos años, reforzados inclusive con una Ley Proconsumidor, se ven inexistentes en estos centros de estética que someten al consumidor a sus propias reglas”.
“Además, inducen a los clientes a contratar y finalmente los tratan como simples números que no tuviesen más derechos que los que las propias clínicas estéticas les pudiesen entregar”, sentenció la Organización.
Finalmente, Stefan Larenas afirmó que consideran necesario señalar que “es imperativo por parte de la institucionalidad destinada a la protección a los consumidores (Sernac), una mayor fiscalización a estos centros estéticos y, especialmente, a sus políticas contractuales”.
