DT ajusta criterios sobre qué empresas financiadas por el Estado pueden tener negociaciones colectivas

La Dirección del Trabajo (DT) modificó su interpretación sobre la prohibición de negociar colectivamente que afecta a empresas e instituciones cuyo presupuesto haya sido financiado en más de un 50% por el Estado, en cualquiera de los dos últimos años.

El dictamen, emitido el 7 de agosto, amplía los recursos que deben contabilizarse para determinar si una entidad supera ese límite.

De esta forma, el criterio podría alcanzar a sindicatos de entidades financiadas mayoritariamente con recursos públicos. Entre las empresas que podrían entrar en la discusión aparecen EFE, Metro, Enami, Enap, TVN, Cotrisa, Famae, Sasipa y la Empresa Portuaria Antofagasta, aunque cada situación deberá revisarse individualmente.

DT modifica criterios sobre negociación colectiva en empresas financiadas por el Estado

El abogado laboral Pedro Peña explicó que la DT no creó una nueva prohibición, ya que está contemplada en el artículo 304 del Código del Trabajo.

“Lo que hizo este dictamen fue ampliar qué recursos se consideran financiamiento estatal para calcular el límite del 50%”, sostuvo Peña.

Ahora se incluyen aportes fiscales o municipales, subvenciones y recursos destinados a ejecutar programas públicos. En cambio, quedan fuera los pagos por bienes o servicios contratados por el Estado.

El académico de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales, Jorge Arredondo, señaló que se trata de una discusión de larga data y que la doctrina de la Dirección del Trabajo ha variado con los años.

Y también recalcó que los sindicatos que estén en empresas con más de un 50% de financiación estatal, no podrán acceder a negociaciones colectivas.

Desde la Comisión de Trabajo de la Cámara, el diputado socialista Nelson Venegas cuestionó la decisión y acusó a la DT de perjudicar derechos laborales.

“La Dirección del Trabajo es para que se cumplan los derechos de los trabajadores, y lo único que ha ocurrido hasta el momento es dictar dictámenes, valga la redundancia, que van en perjuicio de los trabajadores”, concluyó.

El dictamen también podría alcanzar negociaciones que estaban en curso al 7 de agosto, si el empleador aún no había respondido el proyecto de contrato colectivo.

El alcance dependerá finalmente del porcentaje y la naturaleza del financiamiento estatal que reciba cada entidad.