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El rechazo al presupuesto de Educación Superior 2027 en la Subcomisión Mixta del Congreso representa un alivio y una pequeña esperanza en las Universidades del Estado. El Parlamento acogió la alarma de rectoras y rectores ante una propuesta que aplicaría un recorte insostenible, que amenaza con desmantelar capacidades que a nuestro país le ha tomado más de un siglo construir.
A lo largo de nuestra historia, las Universidades del Estado hemos cumplido un rol insustituible formando a profesionales en áreas estratégicas, generando investigación y conocimiento aplicado y contribuyendo al desarrollo local y regional.
Comprendemos la estrechez fiscal que enfrenta nuestro país, pero resulta inaceptable que el ajuste se cargue desproporcionadamente sobre la educación superior pública. Mientras que el presupuesto general de educación superior muestra una rebaja del 1,9%, el Programa de Fortalecimiento de Educación Superior Pública perderá $38.900 millones (-10%), evidenciando que estas instituciones serán las más golpeadas con esta propuesta presupuestaria.
¿Cómo se explica que la mayor carga del ajuste recaiga precisamente sobre las universidades del propio Estado? Hablamos de un impacto devastador en instrumentos estructurales.
Por ejemplo, el Aporte Institucional a Universidades Estatales (AIUE) cae 12,2%, el Plan de Fortalecimiento para las Universidades Estatales baja 34,8% y la caída en el aporte por gratuidad hará que las instituciones públicas dejen de recibir $13.600 millones aproximadamente.
A eso se suman caídas importantes en otros programas, como el PACE, que es clave para la inserción de escolares vulnerables en la educación superior, y el Aporte para Desarrollo de Actividades de Interés Nacional (ADAIN), que simplemente desapareció.
En un escenario donde los costos operativos suben por sobre la inflación y las exigencias normativas aumentan, reducir los aportes basales es llevar a las universidades del Estado a un régimen de mera sobrevivencia.
A este escenario se suma una restricción incomprensible: la de reducir la autorización para utilizar los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario. Estos fondos no representan gasto fiscal, son recursos propios de las universidades. Limitar su uso ahoga aún más las finanzas de nuestras instituciones y nos priva de las pocas herramientas que tenemos para sostener la salud mental estudiantil, nuestras medidas de inclusión y las brechas que genera la propia gratuidad.
En el caso particular de las pedagogías, el panorama no es más alentador, pues la rebaja presupuestaria y las trabas al financiamiento castigan directamente la formación de futuras y futuros profesores. En un escenario de déficit de docentes idóneos -es decir, formados en la especialidad en la que ejercen- fortalecer el acceso al talento pedagógico y otros programas, como las prosecuciones de estudios debiese ser una urgencia.
Rechazamos en los términos más categóricos cualquier lógica presupuestaria que precarice aún más a las universidades públicas. El Estado no puede renunciar a la responsabilidad con sus propias instituciones ni hipotecar su futuro, obligándolas a financiar el desarrollo mediante el endeudamiento o la postergación de sus funciones esenciales como son, además de la docencia, la investigación, innovación, vinculación con el medio y extensión.
Tal como señaló la presidenta del Consorcio de Universidades del Estado en la Subcomisión Mixta, donde se rechazó esta propuesta presupuestaria, como instituciones públicas proponemos reponer los recursos basales, manteniéndolos al menos en sus valores de 2026 reajustados, no rebajar los recursos del PACE, permitir un mayor uso de los recursos del Fondo Solidario, y comprometer un calendario de transferencias de los recursos a las instituciones, para que estos lleguen a tiempo.
Las semanas que vienen en el Congreso serán decisivas. Hacemos un llamado al Gobierno y a las y los parlamentarios a corregir este rumbo, reponer los aportes basales y garantizar transferencias oportunas y previsibles.
Guardamos la esperanza de que quienes están a cargo del Estado comprendan que preservar a sus Universidades es un aporte al conocimiento, la creación, las ciencias y, en definitiva, al futuro de Chile.
