El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) inició seis Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC) con distintas compañías eléctricas para obtener acuerdos que permitan compensar a familias afectadas por cortes de luz en medio del sistema frontal.
Todo con el fin de evitar llegar a tribunales mediante demandas colectivas que puedan conllevar más tiempo que un PVC.
Según detallaron en un comunicado, las empresas involucradas son CGE, Chilquinta, Luzparral, Luz Linares, Compañía Eléctrica del Litoral y Energía de Casablanca.
Sernac inicia proceso con empresas eléctricas para que compensen por cortes de luz
La directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, dijo que “valoramos la postura de las compañías eléctricas de compensar a todos los consumidores más allá de lo que establece la norma sectorial, tal como ya lo indicaron públicamente algunas de ellas hace algunos días, por lo que a través de este procedimiento es formalizar dicho ofrecimiento”.
“Si bien el temporal fue muy duro para gran parte del país, miles de familias estuvieron muchos días o incluso aún están sin electricidad, lo que además de las molestias propias, implica la pérdida de alimentos, de medicamentos, entre otros, por los que los montos de las propuestas compensatorias deberían considerar estos aspectos”, remarcó Carolina.
Ahora, cada compañía deberá presentar una propuesta de compensación que pueda ser calificada de suficiente por el Sernac. De no llegar a un acuerdo, queda abierta la opción de interponer una demanda colectiva ante la justicia.
La directora (s) del Sernac añadió que no descartan iniciar otros procedimientos voluntarios con otras empresas eléctricas, a la vez que analizan los efectos del temporal y los reclamos que reciben al respecto.
Junto con revelar los procedimientos colectivos con las citadas compañías, desde el Sernac adelantaron que en los próximos días dispondrán de una herramienta para cotizar los precios de alimentos básicos y materiales de reconstrucción.
En esta línea, remarcaron que la normativa sobre el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe sanciona con penas de presidio menor en su grado mínimo a medio -de 61 días a tres años- a quienes acaparen bienes de primera necesidad; manipulen precios o vendan alimentos riesgosos.
La pena puede subir si el fraude recae sobre el precio de bienes o servicios de primera necesidad o consumo masivo.
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