La Ley de Etiquetados, una disminución en el consumo de azúcar y el surgimiento de sustitutos a este producto serían las razones por las que Iansa cerraría la planta de Linares, en la región del Maule.
En abril de este año, el entonces gerente general de la empresa, José Luis Irarrázabal, anunció que algunas fábricas dejarían de operar.
El cierre dejaría a más de 500 trabajadores desempleados y a otras 4 mil personas afectadas, principalmente agricultores remolacheros y transportistas.
Por ahora, la compañía no ha comunicado oficialmente el cierre de sus operaciones. De hecho, el intendente del Maule, Pablo Milad, aseguró que la decisión sería tomada a fines de julio.
La siembra de cuatro mil hectáreas de remolacha es la meta que evitaría el fin de las operaciones de la empresa.
Sin embargo, una depreciación de la tonelada de este producto en cuatro dólares haría menos atractiva la siembra, explicó el negociador de remolacheros con Iansa, Jorge Uslar.
El negocio tampoco sería rentable para los transportistas en caso del cierre.
Esto porque las operaciones se concentrarían en la planta de San Carlos, región de Ñuble, cuyo flete hasta ese lugar elevaría el costo del traslado en 400 mil pesos.
Por ello, el presidente de la Federación Nacional de Remolacheros, Jorge Guzmán, pidió un bono al Gobierno que permita aumentar los incentivos.
La misma petición hizo el alcalde de Linares, Mario Meza, quien además solicitó una política pública que proteja la agricultura.
Una mesa de trabajo se desarrolla desde hace algunos meses entre los trabajadores involucrados y el Ejecutivo.
El seremi de Economía del Maule, Iván Damino, emplazó a la gerencia de Iansa a esforzarse para impedir el cierre de la planta productora de azúcar.
Según el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, gran parte de los trabajadores ya aseguraron un puesto en la planta de San Carlos y comprometió apoyo a los pequeños agricultores.
En un mes, cuatro empresas han manifestado inconvenientes financieros y operacionales que impedirían su funcionamiento: este caso de Iansa en Linares, se sumaría al de Maersk de San Antonio, Cial de Temuco y Pastas Suazo en Curicó.
Estos despidos masivos, según el Gobierno, son consecuencia de las reformas realizadas por la administración anterior.
