Ante las distintas movilizaciones de camioneros por el incremento sucesivo de los combustibles, en especial el diésel, el Gobierno anunció en la tarde del miércoles una ley que revertiría el alza de este jueves, por alrededor de $40, y que evitará nuevos incrementos hasta el 3 de febrero de 2027.
Con esto, la administración del presidente José Antonio Kast buscaba dar salida a las paralizaciones que también han sumado a buses interurbanos y otros sectores del transporte.
Según el proyecto al que tuvo acceso Radio Bío Bío, se busca establecer medidas “excepcionales y transitorias” para limtar eventuales alzas de precios de las gasolinas y el petróleo diésel, “aliviando la carga financiera de los contribuyentes que desarrollan actividades de transporte de carga”.
En total, la Dirección de Presupuestos (Dipres) estima que la iniciativa tendría un impacto fiscal de $538.874 millones, aunque podría cambiar según los vaivenes del precio del petróleo.
El proyecto del Gobierno para frenar futuras alzas de las bencinas
Pese al énfasis en los transportistas, el ‘parón’ a futuras alzas de las bencinas alcanzará también al resto de consumidores, confirmaron desde Hacienda a BioBioChile.
Así, la iniciativa propone “limitar transitoriamente dicho ajuste a $0 por litro para las variaciones positivas semanales hasta el 3 de febrero”. Esto se traduce, a su vez, que bajas en los precios del petróleo podrían reflejarse en los valores domésticos del combustible, añadieron desde Teatinos 120.
A su vez, la ley contempla un mecanismo de imputación diferida de los montos negativos asociados a la recuperación del impuesto específico al diésel, además de la prórroga durante 2027 de los porcentajes especiales de recuperación de dicho impuesto aplicable a empresas de transporte de carga.
La limitación de las alzas entrará en vigencia a la fecha de publicaciónde la ley. Tras vencido el plazo, se volverán a aplicar las reglas generales del Mepco.
Impacto fiscal
El informe financiero del proyecto que limita futuras alzas hasta inicios de febrero, sostiene que el efecto fiscal de la iniciativa sería de $172.969 millones en 2026 y $365.905 millones en 2027, con un total de $538.874 millones.
De estos, $368.812 millones son por efecto en los ingresos del Mepco; $139.134 millones por gasto en el mecanismo de estabilización y $30.927 millones de efecto en ingresos por reintegro del impuesto específico.
“El efecto fiscal que signifique la aplicación del proyecto de ley se financiará mediante la venta de activos disponibles del Tesoro Público, los que serán imputados a la partida 50 Tesoro Público”, sostiene el informe de la Dirección de Presupuestos.
Ahora bien, las estimaciones de impacto fiscal, subraya la Dipres, dependen “fuertemente” de la proyección de precios paridad de combustible, por lo que el efecto real “podría ser mayor o menor” a lo previsto.
Para el recordado bencinazo de fines de marzo, donde los precios de los combustibles saltaron entre 372,2 y 580,3 pesos por litro ($/lt), el Gobierno, y principalmente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, defendió la decisión al señalar que el Estado estaba gastando millones de dólares a la semana en contener los combustibles en medio del impacto global por la guerra de Estados Unidos contra Irán.
Uno de los aspectos que también formaron parte de la discusión fue la llamada “caja fiscal”, o los Otros Activos del Tesoro Público (OATP), donde Quiroz dijo que el Estado estaba sin suficiente caja para hacer frente el incremento, con US$46,28 millones al cierre de 2025.
Para marzo, la caja había pasado de US$3.617 millones a US$597 millones. Cabe destacar que su valor, a diferencia de otros activos del Tesoro, suele ser mucho más volatil.
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