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Washington ha aplicado una política de máxima presión a Cuba con un bloqueo petrolero, sanciones que ahuyentan empresas extranjeras y la amenaza de intervención militar. A pesar del diálogo bilateral y reformas económicas en La Habana, la presión persiste. El bloqueo petrolero ha causado apagones crónicos, empresas como Sherritt se retiran y Trump exige cambios políticos y económicos.
Washington lleva seis meses aplicando una política de máxima presión a Cuba: un bloqueo petrolero que ha multiplicado los apagones, nuevas sanciones que están ahuyentando a las empresas extranjeras y siempre, de fondo, la sombra de una posible intervención militar.
Ni el diálogo bilateral que están llevando a cabo ambas capitales ni las profundas reformas económicas que ha anunciado La Habana han servido para suavizar una presión que, al menos en lo socioeconómico, amenaza con quebrar una isla que se encontraba ya sumida en una grave crisis.
Presiones de EEUU a Cuba
Washington instauró su política de máxima presión el 3 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas. “Si estuviera en La Habana, estaría preocupado”, dijo entonces el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.
Desde entonces, Washington no ha hecho sino incrementar la presión retórica, económica y militar sobre la isla. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha hablado en varias ocasiones de “tomar” Cuba, a la que califica de “Estado fallido”, y esgrimido la baza militar.
Un momento clave fue la orden ejecutiva del 29 de enero que culminó el bloqueo petrolero sobre Cuba iniciado al interrumpir el flujo de crudo venezolano a la isla. Esto ha agravado los apagones crónicos de la isla: actualmente los cubanos reciben, en promedio, entre una y dos horas de corriente al día.
Además, Trump firmó el 1 de mayo una orden ejecutiva que implicaba sanciones secundarias para cualquier empresa extranjera que tuviera vínculos con el Estado cubano.
Desde entonces han anunciado su salida la minera canadiense Sherritt -la mayor inversión en la isla-, varias hoteleras internacionales, las dos mayores navieras que servían sus puertos y el banco que gestionaba las operaciones con Visa y Mastercard.
Diálogo
El 13 de marzo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció formalmente conversaciones entre los dos Gobiernos. Trump llevaba semanas asegurando que había contactos e instando a La Habana a cerrar un acuerdo.
Entonces emergió como persona de referencia del lado cubano Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, una figura sin cargos formales pero de confianza para su abuelo, quien aún es el referente político del país.
Hasta el momento se han celebrado al menos cuatro reuniones físicas. Dos tuvieron carácter político, una en La Habana y otra en el Estado caribeño de San Cristóbal y Nieves, pero de su contenido no ha trascendido nada.
Luego tuvo lugar un encuentro sobre seguridad, al que asistió el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, y otro sobre cuestiones de defensa, en la zona limítrofe de la base estadounidense de Guantánamo, con la participación del jefe del Comando Sur de EEUU, Francis Donovan.
Washington ha repetido públicamente que espera cambios fundamentales en el ámbito político y económico, mientras el Gobierno cubano reitera que esos ámbitos pertenecen a la soberanía nacional y no son negociables con otros países.
La Habana presentó y aprobó en menos de una semana un extenso paquete de reformas económicas que, de aplicarse, serían la mayor transformación de la economía cubana en al menos 15 años. Sin embargo, Díaz-Canel aseguró que el viraje nada tenía que ver con EEUU.
Objetivos
A lo largo de los meses la Administración estadounidense ha esgrimido distintos argumentos para justificar su presión. El más recurrente es el de la grave crisis, ligándolo al razonamiento de que para reformar la economía sería preciso cambiar el sistema político.
También se ha alegado que Cuba presta su territorio a “adversarios” de EEUU -en referencia a Rusia y China- para instalar bases militares y centros de inteligencia.
Washington ha empleado asimismo la justificación de las violaciones de derechos humanos que se cometen en la isla, con un registro de más de mil presos por motivos políticos.
Coste social
La presión está teniendo un evidente coste social en Cuba, un país sumido ya desde 2020 en una grave crisis estructural. Los apagones imposibilitan una vida cotidiana mínimamente normal y paralizan la actividad económica.
Los colegios acortaron el curso escolar, el transporte público ha desaparecido, los hospitales sobreviven bajo mínimos, la industria está paralizada y, con los cortes eléctricos, los bancos, las oficinas estatales y los servicios de telecomunicaciones apenas funcionan.
Toneladas de basura se acumulan en las calles de La Habana por la falta de combustible para los camiones de recogida.
Las protestas se han multiplicado en las últimas semanas. Se trata principalmente de cacerolazos y quemas de basura nocturnos por parte de grupos de decenas de personas, de forma pacífica, y que en ocasiones son reprimidos. Estas acciones no tienen continuidad ni una articulación política clara.
