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El Gobierno enfrenta hoy su primer hito concreto de su ajuste fiscal y la auditoría al Estado ordenada por el Presidente Kast, ya que vence el plazo para que los ministerios informen las medidas para el recorte adicional de US$1.000 millones. Hacienda instruyó reducir un 3% el presupuesto de cada cartera. El Comité de Auditoría y Revisión estableció que los servicios deben informar en 17 días el uso de recursos entre 2025 y 2026. Se proyecta ahorrar cerca de US$4.000 millones en total durante 2026, con recortes en viajes, viáticos y contrataciones. Salud, Educación y Vivienda se verán afectados, con recortes de hasta $517 mil millones. La auditoría involucra a más de mil auditores internos para revisar cuentas fiscales y transparencia en el uso de recursos públicos. Críticas y apoyos se han generado por el ajuste fiscal.
El Gobierno enfrenta hoy su primer hito concreto de su ajuste fiscal y con respecto a la auditoría al Estado mandatada por el Presidente Kast.
Esto porque durante esta jornada vence el plazo fijado por Hacienda para que los ministerios informen a la Dipres las medidas con que ejecutarán para el recorte adicional de US$1.000 millones, que se suma a la instrucción ya impartida de reducir en 3% el presupuesto vigente de cada cartera.
Además, tras el término de la primera sesión del Comité de Auditoría y Revisión, se estableció que los servicios deberán informar en el transcurso de 17 días el uso de los recursos públicos entre el año 2025 y el 11 de marzo de 2026.
Recorte fiscal y auditoría total a los recursos públicos
Por una parte, la orden del recorte fiscal fue enviada esta semana por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a todos los ministerios, en una señal de disciplina fiscal con la que el Ejecutivo proyecta ahorrar cerca de US$4.000 millones en total durante 2026.
De ese monto, unos US$3.000 millones corresponden al recorte parejo de 3%, mientras que el resto deberá obtenerse a través de rebajas adicionales, que no serán uniformes, porque —según ha dicho el propio Quiroz— algunos ministerios tienen más espacio que otros para ajustar su gasto.
En paralelo, la Dirección de Presupuestos (Dipres) desplegó a sus equipos sectoriales para monitorear cómo se aplicará el ajuste.
Dentro de varias carteras ya comenzaron a delinearse los primeros criterios: reducción de viajes, limitación de viáticos, contención en la contratación de personal, revisión de gastos operacionales y, en algunos casos, no llenar vacantes salvo situaciones críticas.
El impacto potencial es especialmente sensible en los ministerios de mayor tamaño.
En Salud, el recorte del 3% supera los $517 mil millones; en Educación bordea los $524 mil millones y en Vivienda ronda los $200 mil millones.
Respecto a la cartera de Salud ya comenzaron a bajar lineamientos para restringir reemplazos, limitar horas extraordinarias y evitar viáticos.
En Educación se evalúan medidas como congelar nuevas inversiones en infraestructura, revisar beneficios estudiantiles y reducir estructuras internas. Y en Vivienda, según el diagnóstico transmitido por la nueva administración, las restricciones afectan estudios, arriendos, honorarios y convenios.
Servicios deben emitir información en 17 días por auditoría total al Estado
Pero hay otro hito en Palacio durante esta jornada. Porque hoy el gobierno realizó la primera sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia instruida por el presidente José Antonio Kast para conducir y agilizar la revisión de la administración anterior.
Se trata de un proceso que el Ejecutivo ha definido como inédito, ya que contempla la activación de más de mil auditores internos con el objetivo de revisar el estado de las cuentas fiscales y transparentar el uso de los recursos públicos.
En esta primera reunión se acordó que los servicios públicos deberán remitir información en cinco áreas clave: transferencias y convenios, contrataciones públicas, grandes contratos, contratación de funcionarios públicos y gestión presupuestaria.
Según la subsecretaria general de la Presidencia, Constanza Castillo, el primer corte de información que deberán remitir los servicios considera antecedentes correspondientes a 2025 y hasta el 11 de marzo de 2026, con un plazo de 17 días para la entrega de la información, es decir, hasta el 6 de abril.
Luego de eso, el comité fijó como siguiente hito la entrega de un informe preliminar el 10 de abril.
En paralelo, se estableció una entrega progresiva de antecedentes hacia atrás: hasta el 16 de abril deberá remitirse la información correspondiente a 2024; hasta el 27 de abril, la de 2023; y hasta el 6 de mayo, la de 2022.
La revisión abarcará a los órganos del gobierno central y, según lo definido por el Ejecutivo, cualquier hallazgo que surja durante el proceso será derivado a los organismos que correspondan.
Desde la administración se subraya que esta auditoría se desarrolla en un contexto de emergencia, con sentido de urgencia y bajo un compromiso de transparencia, responsabilidad y rapidez frente a la ciudadanía.
Críticas y apoyos
Ahora bien, respecto al recorte fiscal, el senador socialista Juan Luis Castro advirtió que la medida puede ser muy dolorosa y cuestionó si realmente será posible aplicar una rebaja de esta magnitud sin afectar directamente a las personas, considerando que áreas como salud, educación y trabajo concentran buena parte del gasto social.
“¿Será factible que no se toque a la gente con este recorte? Lo dudo, pero esto tiene que aclararlo el Gobierno y cada Ministerio. Los efectos negativos va a depender hasta adonde esto realmente toca la médula y esencia de los derechos sociales”, dijo el parlamentario.
La senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, dijo que el recorte es pertinente, aunque insuficiente, y emplazó al Gobierno a avanzar incluso hacia “un plan de reordenamiento administrativo que facilite la tan necesaria reducción de ministerios”.
En tanto, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, defendió la decisión y la calificó como una medida madura en un contexto en que, a su juicio, no están claras las cuentas con que recibió el país la nueva administración.
“Me parece que es la medida que se tiene que tomar (…) cuando no están claras las cuentas que se entregaron, si hay deuda o no hay deuda, por supuesto que me preocupa y mucho”, afirmó Alessandri.
Así, con el plazo venciendo este viernes, la atención está puesta ahora en qué medidas concretas propondrá cada ministerio para completar este primer ajuste adicional.
