Durante esta mañana, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reveló que van a modificar la cuestionada norma que modifica las exigencias para las desvinculaciones de los funcionarios de carrera en el Estado.
Presentada como un proyecto misceláneo en el erario, la iniciativa ha sido calificada como de “amarre” por parte de la oposición.
Con todo, ahora Grau sostuvo -en Radio Duna- que solo aquellas personas que están trabajando a contrata hace cinco años o más podrían acceder a reclamar ante Contraloría si consideran que su despido fue injustificado.
Previamente, la iniciativa planteaba que los trabajadores con al menos dos años pudieran hacer uso de este planteado derecho.
Gobierno revela cambios al proyecto de “amarre”
“Lo que presentamos fue que quienes tenían este derecho a reclamo en la Contraloría eran personas que estaban a contrata al menos hace 2 años, y cambiamos ese número de 2 a 5 años. Por lo tanto, ese derecho no va a estar para las personas que incluso hayan entrado por concurso público durante esta administración”, sentenció Grau en Radio Duna.
El secretario de Estado sostuvo que en el debate se intentó plantear una “fake news”: “que el proyecto de ley era para algo así como proteger a la gente que era de nuestro equipo de confianza, donde es todo lo contrario. Por primera vez se va a poner en ley que estas personas -en cargos políticos- tienen que salir -el 11 de marzo”, añadió.
En esta línea, apuntó que lo que busca el proyecto misceláneo al Presupuesto es que el instructivo para despidos de funcionarios a contrata, que existe desde el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera, pase a ser ley, con la modificación de que en vez de acudir a la justicia, un funcionario pueda acudir a la Contraloría.
Ahora, con estas modificaciones, Grau dijo que se busca hacer “más fácil” la discusión del proyecto “y que no se diga que el Gobierno está tratando de proteger a las personas que entraron durante su período”.
Reacciones desde el Congreso
A pesar de la modificación surgida tras días de cuestionamientos desde diversos sectores, el parecer en la mayoría de la derecha es que no se votaría a favor del proyecto en específico, según pudo conocer La Radio.
“Nosotros nos oponemos a incorporar esta norma de confianza legítima a la ley de reajuste, porque no es necesaria”, concluyó Frank Sauerbaum (RN), integrante de la Comisión de Hacienda, recordando que “existe una jurisprudencia clara y consistente de la Contraloría General de la República y también de la Corte Suprema, instituciones que son serias y autónomas y ya establecieron el criterio de los cinco años”.
Ahora bien, el independiente de la bancada del PPD y también integrante de la Comisión, Carlos Bianchi, afirmó que “con este nuevo anuncio del ministro Grau, que estoy casi seguro tuvo que haber concordado con el gobierno entrante en el mes de marzo, quedan en la más absoluta desprotección las funcionarias y los funcionarios públicos que llevan un año, 2, 3, 4 años”.
“¿Qué pasa con aquellos funcionarios que entraron por concurso público, que ganaron el concurso público? Hoy día quedan en el total desamparo”, objetó el parlamentario, agregando que “aquí se va a cortar el hilo por lo más delgado”.
También hubo declaraciones por parte de Boris Barrera (PC), presidente de la Comisión de Hacienda, destacando los cambios implementados por el Ejecutivo como una medida para avanzar en el diálogo con la oposición.
Sin embargo, reconoció que “yo hubiera preferido de que quedara la norma en dos años, considerando que gran parte de los trabajadores contratados en este período son del área de la medicina, de educación. Hay también gente en los gobiernos regionales, las municipalidades, pero el grueso está en en la salud”.
Por último, añadió que ahora que se amplió a cinco años el mínimo para acudir a Contraloría, “dudaría de que con eso la derecha lo rechace, considerando de que están considerados también trabajadores que entraron a trabajar en el período de Sebastián Piñera”.
Enviando corrección, espere un momento...
