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El “criterio Quiroz” instala, en el fondo, una lógica peligrosa: la idea de que todo programa debe justificar su existencia bajo métricas inmediatas.
El reciente oficio del Ministerio de Hacienda que propone a los servicios una serie de ajustes presupuestarios no es un ejercicio técnico cualquiera. Es una señal política. Bajo el argumento de la estrechez fiscal, se propone descontinuar más de 140 programas y recortar cientos más en distintas áreas del Estado. Educación, salud, seguridad, cultura y políticas sociales aparecen en la mira. Y entre ellas, silenciosamente, también se debilitan capacidades críticas en gestión del riesgo de desastres.
En ese contexto, el caso del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) es particularmente revelador. No porque sea el más visible, sino porque ilustra una contradicción profunda. Mientras se mantiene el discurso estratégico de la gestión del riesgo, se debilitan sus instrumentos más concretos: preparación comunitaria, simulacros, entrenamiento territorial.
En efecto, el diseño de Hacienda para SENAPRED propone descontinuar los cursos CERT (para formar Equipos Comunitarios de Respuesta), los Simulacros de Borde Costero (tsunami), los Simulacros del Sector Educación y los Simulacros de amenaza volcánica.
El problema de fondo no es solo presupuestario. Es conceptual. El “criterio Quiroz” parece asumir que la eficiencia del Estado se mide exclusivamente en términos de gasto directo y resultados inmediatos. Pero la prevención no funciona así. Su valor radica precisamente en evitar costos futuros. Recortar simulacros o capacidades locales puede generar ahorros hoy, pero incrementa exponencialmente los riesgos mañana.
Aquí es donde la crítica deja de ser solo política y pasa a ser estructural. Chile no parte de cero en esta materia. Ha construido, durante décadas, una arquitectura de gestión del riesgo reconocida internacionalmente. Y ha suscrito compromisos como el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, que obliga a fortalecer la preparación, la participación comunitaria y la realización de ejercicios periódicos. Lo que hoy se propone va en la dirección opuesta.
No es un detalle menor. Es un incumplimiento implícito de estándares internacionales y de recomendaciones sistemáticas de organismos como la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que han insistido en que la resiliencia se construye desde el territorio, no desde el escritorio.
Porque cuando el ajuste afecta programas que previenen crisis —y no solo los que las gestionan—, lo que se está haciendo no es eficiencia, sino transferencia de riesgo. Se ahorra hoy para pagar más mañana. Y en el caso de los desastres, ese “pago” no es solo económico: también es humano.
El “criterio Quiroz” instala, en el fondo, una lógica peligrosa: la idea de que todo programa debe justificar su existencia bajo métricas inmediatas. Pero hay políticas públicas —como la prevención de desastres— cuyo éxito consiste precisamente en que nada ocurra. Y ese “nada” no cabe fácilmente en una planilla Excel.
Porque cuando llegue el próximo desastre —y llegará—, no será el balance fiscal el que esté en juego, sino la capacidad real del país para enfrentarlo. Y esa capacidad no se improvisa: se entrena, se financia y se sostiene en el tiempo. Justo lo que hoy se está poniendo en duda.
