En una nueva edición de Estado Nacional de 24horas, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la polémica norma de “amarre”, asegurando que no existiría tal cosa dentro de la Ley de Reajuste del Sector Público.
Consultada al respecto por la periodista, Vallejo aseguró que “no hay ninguna norma que esté puesta en el reajuste del sector público que impida desvincular a un funcionario público. Lo que dice es que se debe fundamentar, solo eso”.
“Es como… imagínense ustedes en el sector privado cuando se alude a las necesidades de la empresa. Un empleador tiene el derecho a desvincular a su trabajador si alude a la necesidad de la empresa, pero lo fundamentas. Aquí lo mismo, si hay una necesidad del servicio de desvincular a un funcionario público, fundamenta cuál es esa necesidad y por qué finalmente esto no es simplemente una cuestión de razones equis, sino que no está cumpliendo con sus labores, no tiene un buen desempeño o porque el servicio ya no necesita ese tipo de funciones, justifícalo, eso es todo”, agregó la secretaria de Estado.
Vallejo: ”No hay ni un impedimento ni un amarre”
La vocera de Gobierno fue enfática en señalar que “lo que pasa es que aquí se ha construido una propaganda. Esto lo solicitaron los funcionarios, las organizaciones, y alude a una cuestión que no innova mucho, porque siempre se puede reclamar una desvinculación cuando es injustificada”.
“Ahora, esto se presenta ante la Contraloría y la Contraloría puede decir ‘no, estuvo bien justificada, o no estuvo bien justificada’. Pero no hay ni un impedimento ni un amarre a funcionarios que son de confianza política, porque todo lo que son los gabinetes y los funcionarios de confianza de gabinete que entraron con el Gobierno se retiran junto con el presidente y nosotros los ministros de Estado, subsecretarios, el día 11 de marzo”, enfatizó.
“Entonces, hay una cuestión que se construyó muy rápidamente en términos comunicacionales, desde la oposición, para instalar que la Ley de Reajuste era una ‘ley de amarre’, pero no tiene asidero en la realidad”, dijo.
De acuerdo a lo expuesto por Vallejo sobre la posibilidad de revisar la polémica norma, “el Gobierno siempre ha sido flexible para que esto no termine siendo una cuestión que impida poder tener un reajuste para el sector público, como todos los años se discute, se avanza y se aprueba, considerando además que el costo de este reajuste es el menor desde el 2019. O sea, no estamos proponiendo un costo excesivo; muy por el contrario, es un costo superaustero desde el punto de vista de cómo se han aprobado los montos de los reajustes del sector público en los últimos años”, planteó.
“Entonces, en ese sentido, obviamente, siempre hay ánimo de poder mejorar y revisar, pero sin conceder las mentiras que se instalan sobre esto”, manifestó.
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