Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El impuesto territorial ha vuelto a ser tema de debate, ya que en dos años la recaudación por contribuciones se ha duplicado. A la par que se critica el aumento exponencial en la recaudación, también se apunta a los cobros retroactivos y la falta de actualización del sistema. Expertos lo califican tales cobros como un "impuesto incómodo" y cuestionan su transparencia.
El impuesto territorial vuelve al centro del debate.
Y es que en solo dos años, la recaudación por contribuciones se ha duplicado y, con ella, crecen también las dudas y molestias entre propietarios.
No solo la recaudación de las contribuciones ha registrado un aumento exponencial, sino que los cobros retroactivos —ya sea por nuevas construcciones, cambio de uso del bien raíz, etc.— se tardan en actualizar y por ende, los contribuyentes debe pagar por esos errores administrativos.
“Un impuesto que incomoda”, aseguran los expertos y otros más duros que incluso lo catalogan como “un aprovechamiento del Estado”.
Críticas al impuesto territorial
Según datos de la Tesorería General de la República (TGR), en 2024 la recaudación proveniente del impuesto territorial alcanzó los $2,5 billones.
El académico del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago, Germán Pinto Perry, se refirió a la carga que se le pone al contribuyente por el mero hecho de poseer un bien.
Este ingreso se va directamente a las administraciones comunales a través de lo que se conoce como el Fondo Común Municipal, donde se redistribuye entre las 345 municipalidades del país.
Al respecto, la gerente del área de desarrollo inmobiliario y regularizaciones de Colliers, Daniela Olmos, se refirió a la transparencia y la lentitud de actualización del sistema.
El avalúo que no tiene a todos conformes, dado que no sería representativo de la realidad de los territorios actualmente, mucho menos de los ingresos de las personas.
Aquí recae la principal preocupación que manifestó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.
Recordemos que además de las propiedades de bajo avalúo fiscal e instituciones sin fines de lucro; adultos mayores—mayores de 60 años en el caso de mujeres; y 65 años, para hombres, bajo ciertos criterios de ingresos y valor tasado de la propiedad, también estarían exentos del pago de este impuesto.
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