En un comunicado difundido por el ministro de Justicia, se afirmó que se articularán medidas "para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan" y se perseguirá "la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente, para que se restituyan a las arcas del Estado".
En una cadena nacional el presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó la continuidad del ordenamiento de las cuentas públicas como único camino para sacar de la pobreza “al 60%” la población de su país.
“Se terminó el Estado presente”, enfatizó -citado por Clarín-, en alusión a uno de los slogans del kirchnerismo.
Y en esa línea -y con el objetivo de la administración de ordenar las finanzas- Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, comunicó que se “detendrán los pagos” de las indemnizaciones que perciben las víctimas de terrorismo de Estado, a raíz de la detección de irregularidades.
En un texto, el ministro dispuso efectuar “una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado” durante la última dictadura militar (1976-1983), debido al hallazgo de “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.
El comunicado difundido por Cúneo Libarona agregó que el Ministerio “articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan” y perseguirá “la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.
El documento citó como ejemplo de irregularidad la causa abierta a Adrián Martínez Moreira, quien fue procesado en 2023 como organizador de una asociación criminal dedicada a falsificar pruebas en juicios por crímenes de lesa humanidad y expedientes de reclamaciones de reparación, además de otros delitos, como falso testimonio, estafa y fraude a la administración pública en 62 hechos.
Según información publicada por el Ministerio de Justicia en 2023 -aún bajo la gestión del peronista Alberto Fernández (2019-2023)-, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en esta causa en agosto de 2021, tras reunir información sobre estas maniobras fraudulentas.
Las compensaciones económicas concedidas por el Estado a las víctimas de la dictadura se incluyen en varias leyes nacionales promulgadas entre 1991 y 2013 y se pagan una vez se prueba el daño en una causa judicial.
Tanto Milei como la vicepresidenta, Victoria Villarruel, han negado en varias ocasiones que haya 30.000 desaparecidos durante la dictadura.
Superávit financiero
Milei, en la mencionada cadena nacional que emitió ayer lunes, dijo que el sector público nacional registró en marzo un superávit financiero de unos 275.000 millones de pesos (unos 313 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual).
El Mandatario detalló que en el primer trimestre del año ese superávit fiscal financiero (después del pago de intereses de la deuda) equivalió al 0,2% del PIB; y que se anotó un superávit primario del 0,6% del PIB.
Milei dijo que “el déficit cero no es sólo una consigna de marketing” para su Gobierno, sino “un mandamiento”.
“No esperen la salida de la mano del gasto público. La era del supuesto Estado presente ha terminado”, reiteró.
