La sala del Senado comenzó la discusión en general de la reforma al Código de Aguas, que pretende establecer -entre otras cosas- el acceso como un derecho humano que deberá ser garantizado por el Estado.
El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, sostuvo que una eventual aprobación permitirá contar con una herramienta “para enfrentar la nueva realidad hídrica”.
Fue el 17 de marzo de 2011 cuando se presentó, en la Cámara de Diputados y Diputadas, el proyecto de ley que busca reformar el Código de Aguas.
Desde ese entonces, poco más de diez años han pasado de discusión y ayer, en el Senado, la iniciativa comenzó a ser discutida en general, en su segundo trámite constitucional.
El texto, entre otras cosas, pretende establecer el acceso al agua como un derecho humano que deberá ser garantizado por el Estado, priorizando el uso para personas, actividades económicas de subsistencia, protección de fuentes de agua, los derechos y usos ancestrales, y sus usos en áreas protegidas.
En tanto, quedaría como última prioridad las actividades económicas con fines de lucro, siempre y cuando no pongan en riesgo las funciones previas.
El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, dijo que este proyecto “permitirá enfrentar la nueva realidad hídrica”.
En el debate, el senador independiente Carlos Bianchi señaló que urge apurar la tramitación, que seguirá el próximo martes.
El legislador de la UDI, David Sandoval, destacó la transversalidad que ha tenido la iniciativa, aunque dijo que “no soluciona” todas las aristas de la materia.
El texto también establece la obligación de informar a la Dirección General de Aguas “todo cambio de uso de un derecho de aprovechamiento”, cuyo incumplimiento será sancionado “con una multa a beneficio fiscal de segundo a tercer grado inclusive”.
