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Para proyectar cómo podría actuar un eventual gobierno suyo, resulta indispensable revisar la conducta de su partido durante la administración del presidente Gabriel Boric.
La seguridad se ha convertido hoy en la principal preocupación del país. Ya sea en control fronterizo, mayores atribuciones para Carabineros, gestión migratoria, persecución penal o protección de las policías, candidatos de todos los sectores políticos han enfatizado su capacidad para enfrentar estos desafíos.
En este contexto, la candidata Jeannette Jara ha señalado que será especialmente estricta con la delincuencia, afirmando que aplicará “mano dura de verdad”. Sin embargo, el reciente respaldo a medidas de seguridad que hasta hace pocos meses eran rechazadas por su propio partido despierta dudas legítimas sobre cuán profunda es la convicción de la candidata del Partido Comunista en torno a estas propuestas.
Para proyectar cómo podría actuar un eventual gobierno suyo, resulta indispensable revisar la conducta de su partido durante la administración del presidente Gabriel Boric.
Si bien el Gobierno impulsó y aprobó diversas leyes de seguridad, varias de las más relevantes fueron rechazadas o recibieron abstenciones por parte del partido de la candidata. Un ejemplo reciente es la ley aprobada el pasado 1 de diciembre, que autoriza el porte permanente de armas por parte de Carabineros. Llama la atención que, pese a la urgencia en materia de seguridad, ningún diputado del Partido Comunista votara a favor.
Otra de las más importantes sería la Ley Naín–Retamal, que endurece las penas por ataques contra Carabineros, PDI y Gendarmería, e incorpora la figura de legítima defensa privilegiada, que presume justificado el uso de la fuerza por parte de funcionarios policiales en situaciones de riesgo grave, fue aprobada por amplia mayoría en el Senado (40–5). Curiosamente los senadores Claudia Pascual y Daniel Núñez, ambos del Partido Comunista, votaron en contra.
La Ley de Usurpaciones, que sanciona la ocupación ilegal de inmuebles y facilita la detención de ocupantes ilegítimos, fue aprobada en el Senado por 35 votos a favor y 6 abstenciones. En esta votación, los dos senadores correligionarios de Jeannette Jara se abstuvieron.
La Nueva Ley Antiterrorista, que amplía la definición de terrorismo y conductas terroristas, otorgando mayores herramientas investigativas y penales para enfrentar estos delitos, también generó oposición del Partido Comunista: En la Cámara de Diputados, 8 diputados comunistas votaron en contra, y la diputada Karol Cariola se abstuvo. En el Senado, los dos senadores comunistas votaron en contra.
En cuanto a la Ley de Control de Migración, que entrega más facultades a Carabineros y a la PDI para hacer cumplir la legislación migratoria, fue aprobada en la Cámara, pero todos los diputados del Partido Comunista votaron en contra.
Finalmente, la ley que sanciona el porte injustificado de combustible en lugares públicos, la cual implica una modificación al Código Penal que busca prevenir hechos violentos como los ocurridos durante el estallido social, también tuvo rechazo del Partido Comunista: todos sus diputados votaron en contra, mientras que sus dos senadores se abstuvieron.
Teniendo en cuenta el comportamiento que ha tenido el Partido Comunista en los últimos años respecto a diversas leyes de seguridad, parece confirmar la idea de que esta “mano dura” contra los delincuentes es más bien una táctica de campaña y no una convicción real por parte de un eventual gobierno encabezado por una militante histórica de esa colectividad.
Considerando que los cargos de confianza suelen quedar en manos de personas afines a la misma línea política, no existe plena garantía de que se impulsen con determinación las reformas y leyes de seguridad que el país requiere.
