Este miércoles la Superintendencia de Pensiones (SP) actualizó las cifras con respecto a la Ley de Protección del Empleo.
En detalle, hasta el 6 de septiembre 739.651 se encontraban con sus contratos suspendidos, de los cuales un 61% eran hombres y 38,9% mujeres.
En total, 119.363 empresas han presentando solicitudes ante el regulador para acogerse a la ley, muchas de las cuales están a la espera de que aquello les sea aprobado.
Si se contabilizaran los trabajadores que ya están afectos al estatuto (739.651) más lo que esperan una resolución al respecto, las personas con contratos laborales suspendidos ascenderían a 745.996.
Por regiones, y al igual que desde que entró en vigencia la ley, la Metropolitana es la que tiene más trabajadores con situación laboral suspendida (67% del total). Le siguen Valparaíso (6,7%) y Bío Bío (4,6%).
De acuerdo al desglose por actividad económica en el reporte de la SP, el “comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas” es el que más ha solicitado acoger a trabajadores a la Ley de Protección del Empleo, seguido por “construcción” y “actividades de alojamiento y de servicio de comidas”.
Hace ocho días, el Congreso despachó el proyecto que extiende y perfecciona la Ley de Protección del Empleo, al tiempo que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones que entrega el Seguro de Cesantía.
En lo fundamental, la reforma faculta al Ejecutivo a aumentar en hasta cinco meses la vigencia de la Ley de Protección del Empleo para que los trabajadores puedan optar a la suspensión de contrato hasta febrero de 2021 (originalmente terminaría en octubre).
Asimismo, incrementa el tiempo para poder solicitar la reducción de la jornada laboral hasta julio del próximo año, plazo que también podría llegar a extenderse por otros cinco meses.
