Desde 2015 el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha denunciado en Concepción y Talcahuano delitos tributarios por más de 20 mil millones de pesos a través de al menos 15 querellas.
No obstante la gravedad de los casos, la Fiscalía sólo ha logrado hasta ahora sólo una condena y no más de cinco formalizaciones.
Todos estos antecedentes fueron recopilados por Radio Bío Bío a través del sistema del Poder Judicial y el ingreso de querellas por parte del SII desde la llegada del director, Fernando Barraza, hace cuatro años, sólo en los Juzgados de Garantía de Concepción y Talcahuano.
Las principales causas son las relacionadas con la desaparecida isapre Masvida y la plana ejecutiva del holding liderado por Claudio Santander; otra contra el empresario del transporte, Germán Faúndez; y las que tienen que ver con el rubro maderero.
Al sumar los perjuicios denunciados por Impuestos Internos, son más de 20 mil millones de pesos lo que empresarios han obtenido del Fisco, ya sea por devolución de IVA y evasión tributaria, a través del uso de documentos como boletas y facturas falsas.
Sólo el desaparecido grupo Masvida representa un 75% de los perjuicios, con más de 15 mil millones de pesos.
Faúndez, responsable de mil 300 millones; el empresario Francisco Martínez, que a través de la supuesta compra de madera obtuvo devoluciones fraudulenta de IVA por 1.205 millones de pesos; mientras que a la Forestal Los Acacios y a Renato Pinto se responsabiliza por un daño para el Fisco aún indeterminado.
En cuatro años, y no obstante la gravedad de los casos denunciados por el organismo, sólo se ha logrado una condena de 541 días en Talcahuano, para dos acusados, Domingo Delgado y Patricio Roa, respecto de quienes se acreditó beneficios tributarios por 85 millones de pesos a través de boletas ideológicamente falsas.
En otro caso cerrado sólo este sábado, el de los empresarios de la construcción Germán Dubois y Guillermo Ibacache, la Fiscalía de Concepción acreditó la simulación del pago de una indemnización de 400 millones de pesos, lo que permitió a los querellados rebajar ilegalmente la carga tributaria en 81 millones.
Ellos lograron hace un año, tras su formalización, la suspensión condicional del procedimiento que involucró el pago de 46 millones de pesos a beneficio fiscal, siendo sobreseídos con fecha 12 de enero de 2019.
Sin embargo, la mayoría de las investigaciones siguen aún en calidad de desformalizadas en las Fiscalías de Concepción y Talcahuano, sin la judicialización de la causa.
Mientras que en las que hay personas formalizadas, el Ministerio Público está ofreciendo salidas alternativas.
Incluso en algunas querellas los fiscales han decidido la facultad de no perseverar luego de fracasadas audiencias para formalizar la investigación, a pesar de todos los antecedentes entregados por el Servicio de Impuestos Internos a través de sus fundadas presentaciones.
