La defensa del músico Humberto ‘Tito’ Baeza Fernández recurrió de amparo este viernes, luego que el juez Daniel Urrutia emitiera una orden de detención por la ausencia del artista en la audiencia de preparación de juicio oral tras ser formalizado por los delitos de violación y abusos reiterados en 2020.
Así lo explicó el abogado defensor Nicolás Oxman a Radio Bio Bio, quien señaló que la solicitud del juez “no se ajusta a derecho porque el Código Procesal Penal no establece la obligación de que el imputado comparezca a la audiencia de preparación del juicio”.
“Más si se iba a discutir una cuestión previa, que era una incidencia sobre el fondo del asunto: la prescripción de la acción penal“, agregó.
La audiencia estaba programada para las 9:00 horas de este viernes. No obstante, tras una suspensión, el Temucano arribó una hora más tarde, dejando sin efecto la orden del juez.
No era necesaria su asistencia, según defensa
En el recurso de amparo, interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago y al que La Radio tuvo acceso, el abogado sostuvo que en la instancia era necesaria sólo la presencia “del abogado defensor y el fiscal”.
Añadió luego que “la audiencia se reanudó, a las 10.00 horas (…) con la presencia del imputado. Ocasión en que el juez nada dijo sobre dejar sin efecto la orden de detención, por lo que esta parte desconoce si efectivamente la misma fue cursada en el tiempo que media entre la suspensión de la audiencia a las 9.20 horas y su reanudación a las 10.00 horas, como también, si dicha orden de detención se mantiene vigente”.
Por tanto, solicitó a la Corte que declare que “la orden de detención dictada en contra del amparado fue arbitraria y, por ende, realizada con infracción de normas constitucionales y legales”.
Además, pidió que “se proceda a dejar sin efecto dicha orden de detención” y que se ordenen medidas para “restablecer la vigencia y asegurar la no vigencia de toda perturbación o amenaza al derecho a la libertad mi representado”.
El caso
Son tres los casos que podrían dejar al cantautor tras las rejas, en que las presuntas víctimas fueron exdiscípulas del músico en el Centro Integral de Estudio Metafísicos (CIEM), entidad que el artista presidía.
Por el primero, el Ministerio Público solicitó una condena de 12 años; para el segundo, 10 años y 1 día; y para el tercero, 12 años de presidio. Los hechos habrían ocurrido entre 2010 y 2016 en el marco de las actividades del CIEM.
El proceso judicial contra el artista, que ya lleva casi un año y medio en curso, no ha estado exento de postergaciones y aplazamientos.
En febrero, el Tribunal Constitucional acogió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad presentado por la defensa del cantautor.
En dicha instancia, el órgano jurisdiccional ordenó la suspensión del procedimiento penal y de paso paralizó la audiencia de preparación de juicio oral que entonces ya había sido postergada para el 9 de marzo.
