El proyecto de Ley de Patrimonio ingresado por el gobierno al Parlamento tiene, al menos, dos aspectos que mantienen y fomentan el cinismo.
Variables económicas
Un tema que tiende a evitarse en las discusiones y en las decisiones respecto a la protección de un bien patrimonial es el de los costos asociados a ella.
Cuando se protege un bien cultural, eso genera una serie de beneficios. Pero entre sus múltiples efectos, la mayoría positivos, también hay otros… que deben evaluarse.
Entre esos “otros” efectos, están los costos de reparar, restaurar, poner en valor, mantener, etc, o la imposibilidad de hacer ampliaciones, de ensanchar calles, por poner un par de ejemplos.
Esas variables no se discuten (al menos no en forma abierta, directa), no hay espacios formales para abordarlos.
El punto no es si un bien es patrimonio o no lo es. Ese es un primer tema que aborda otras variables, y hoy se hace en el Consejo de Monumentos Nacionales. Pero una vez que se ha determinado que un determinado bien es Patrimonio, se debieran hacer esas otras preguntas. Esas preguntas que tienen que ver con su sostenibilidad en el tiempo.
Preguntas como ¿Qué costo tiene reparar -evitar que colapse- este patrimonio? ¿Cuánto cuesta mantener este bien? ¿Cuánto cuesta habilitarlo para su uso? ¿Estamos dispuestos a pagar esos costos? ¿Esos costos están en relación a su valor patrimonial? ¿Los múltiples beneficios que aporta protegerlo pueden compensar sus costos?
Como estas preguntas (y otras, como pueden ser algunas sobre seguridad, por ejemplo), al no tener instancias formales para hacerlas y contestarlas, con mecanismos claros para ser abordadas, se resuelven en forma cínica y, en especial, de manera poco informada. De una manera informal que permite mucha discrecionalidad, como son las órdenes a funcionarios públicos, las presiones de grandes empresas, el funcionamiento del “lobby”, etc.
Es muy lamentable que el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural no haya abordado este aspecto en su propuesta de institucionalidad, manteniendo este espacio oscuro que, claro, siempre favorece a los más poderosos.
Cada vez que no se implementan mecanismos que ayuden a tener procesos claros y transparentes se fomenta lo contrario: lo arbitrario, que es algo parecido y cercano a la corrupción.
El engaño de una “institucionalidad descentralizada”
La descentralización es un eslogan “que vende”, que, a pesar que casi todos apoyan, no ha evitado ni ha detenido el proceso creciente de concentración en la Capital.
El Proyecto de Ley de Patrimonio toma las banderas de la descentralización creando una gran estructura en todas las regiones, incluyendo los Consejos Regionales de Patrimonio Cultural.
El “detalle”, es que esa instancia de “descentralización” estaría compuesta por 8 funcionarios públicos y 4 elegidos a partir de ternas presentadas por la Sociedad Chilena de Arqueología o del Colegio de Arqueólogos, la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, el Colegio de Antropólogos y el Colegio de Arquitectos por el Delegado Presidencial.
En otras palabras, la llamada “descentralización” es que los Consejos Regionales de Patrimonio Cultural, la instancia “ciudadana” de la nueva institucionalidad, estarán compuestos por 8 funcionarios de confianza del Gobierno central y los otros 4 (de la ciudadanía) serán elegidos por el Delegado Presidencial.
Más que descentralización, este Proyecto promueve mayor control del gobierno de turno, es decir, exactamente lo contrario a una política de descentralización y menos aún ciudadana.
En resumen, se mantiene y se fomenta un sistema cínico -que aborda unos temas pero en realidad se está hablando de otros-, que resulta muy cómodo para algunos grupos de poder. Y por otro, proclama una descentralización engañosa que significará mayor control desde Santiago sobre el “resto” del país.
