En la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso se llevó a cabo la argumentación, en el marco de la solicitud de desafuero del diputado del Partido Socialista Christian Urízar, en un requerimiento elevado por Ministerio Público en febrero y que se enmarca en la investigación que realiza la Unidad Anticorrupción en contra del parlamentario por fraude al fisco.
De acuerdo a los antecedentes de la investigación, entre 2011 y 2013, él y su coimputado, Luis Vásquez, reclutaron a un conjunto de organizaciones privadas, sin fines de lucro y, utilizando el nombre y persona jurídica de éstas, presentaron 10 proyectos en los distintos concursos del 2% del FNDR, por montos que alcanzan los $117.800.000.
De acuerdo al Ministerio Público, por medio de la empresa Genes de propiedad de Vásquez, y con pleno conocimiento de Urizar, se intervino en la ejecución de todos los proyectos; recibiendo de las organizaciones la totalidad de los fondos asignados y preparado y cuadrando, también, las rendiciones de cuentas.
Oportunidad en la que se habrían sobre valorado los ítemes de gastos, lo que habría permitido a Genes apropiarse de al menos el 65% de los fondos públicos asignados para la ejecución de estos proyectos.
La defensa del parlamentario refutó cada una de las imputaciones, las que calificó de infundadas, acusando incluso una persecución arbitraria de la Fiscalía en contra del diputado. El abogado Andrés Benavides, sostuvo que “en este caso hay una especial atención respecto de él (Urízar), yo hablé del principio de objetividad y me parece que se ha faltado a ese principio”.
El fiscal Claudio Rebeco defendió la postura del Ministerio Público, argumentando que “hay antecedentes serios y suficientes que permitirían llevar a juicio oral este caso” en contra el diputado, ya que estiman consintió en la comisión del fraude.
El abogado del consejo defensa del Estado, Javier Rojas-Mery, afirmó que mantienen la tesis de que el parlamentario, junto con consentir en los actos ilícitos, tenia una motivación política en busca de un escaño como diputado en 2012.
Desde marzo del año pasado, el parlamentario se encuentra formalizado por el delito de fraude al fisco, por la presunta participación en el desvío de recursos de la Intendencia de Valparaíso para campañas políticas.
Esto, mientras Urízar ejercía como consejero regional y a quien se imputa haber defraudado al erario nacional en unos 60 millones de pesos, ilícito en el que actuaron en calidad de cómplices otras tres personas.
El desafuero, en tanto, se sebe resolver en loa próximos días. Según informo la Fiscalía, podría ocurrir antes de este viernes.
Tras ello, el órgano el persecutor continuará con el proceso penal en contra del parlamentario y donde pedirá una condena de cinco años de presidio y el reintegro de la mitad del monto defraudado, alrededor de 30 millones de pesos.