El Servicio Médico Legal (SML) entregó a la justicia el cierre pericial con la identidad y causas de muerte de las 15 víctimas de la dictadura encontradas en los Hornos de Lonquén en 1978.

Se trata de un caso histórico que permitió en la época acreditar que existían detenidos desaparecidos asesinados por las fuerzas de seguridad del régimen militar.

Fue en diciembre de 1978 que familiares de las víctimas, sus abogados, peritos del SML y el juez Adolfo Bañados dieron con el lugar donde se encontraban las osamentas de 13 campesinos, varios de ellos familiares, así como también dos estudiantes.

El grupo había sido detenido en la plaza de Isla Maipo, donde los campesinos fueron aprehendidos por participar y ser beneficiarios de la reforma agraria. Mientras, la detención de las otras dos personas, que eran estudiantes, se produjo tras encontrarse como testigos en el lugar.

El hallazgo se convirtió en la época en la primera prueba contra la dictadura sobre el paradero de miles de detenidos de quienes no se conocía rastro.

Patricio Bustos, director del SML, confirmó el cierre pericial de este caso, con causas de muerte e identificación de las osamentas.

Nelson Caucoto, abogado de la Vicaría de la Solidaridad en esos años, no dudó en calificar esta resolución como histórica y recordó que aún se espera la condena de primera instancia contra los siete carabineros acusados de secuestro y homicidio en este proceso.

Tras el descubrimiento de estas osamentas en los Hornos de Lonquén, el comandante en jefe de la época, el general Augusto Pinochet, dictó la orden de “retiro de televisores” que se lee en un telegrama recibido por varios regimientos.

Gracias a las investigaciones que se siguen hasta ahora, esa orden era la exhumación de osamentas de presos políticos en distintas fosas clandestinas en varios puntos del país, operación que sirvió para eliminar evidencias.