Perú levantó el jueves el estado de emergencia en las provincias sureñas donde hace un mes estallaron violentas protestas contra el mayor proyecto minero del país, propiedad de una filial de la china Minmetals, informó el gobierno.
“Se ha levantado el estado de emergencia porque la situación está en calma, se suspendió la huelga y los representantes de la población asistirán a las mesas de trabajo para encontrar solución a sus reclamos”, dijo a la prensa el ministro José Luis Pérez Guadalupe.
El estado de emergencia, abarcaba algunas provincias de los departamentos de Apurímac y Cusco, y suspendía los derechos de libertad personal y de reunión, además de la inviolabilidad de domicilio.
Las protestas surgieron en rechazo a la construcción de una planta de tratamiento de minerales del yacimiento de cobre Las Bambas, ubicado en la región Apurímac (sureste), de propiedad del consorcio MMG -filial de Minmetals- porque los campesinos de esta zona, también agrícola, consideran que contaminará el agua y sus cultivos. En la represión de las manifestaciones hubo cuatro muertos.
El 16 de noviembre, pobladores y representantes de la minera iniciarán mesas de diálogo, donde el gobierno actúa como mediador.
El proyecto cuprífero Las Bambas -situado a más de 4.000 metros de altitud- se encuentra entre las provincias de Cotabambas y Grau, en Apurímac, y fue vendido por Glencore Xtrata al consorcio MMG en abril de 2014, por casi 6.000 millones de dólares.
En agosto de 2010 se aprobó su construcción y debería empezar a operar a inicios de 2016.
El gobernador de Apurímac, Wilber Venegas, explicó en su momento que los pobladores están de acuerdo con el proyecto minero y que las protestas se originaron por la falta de diálogo entre el gobierno, la nueva empresa compradora y los pobladores.
“No ha existido una explicación clara sobre los cambios, como la construcción de la planta y el estudio de impacto ambiental”, señaló.
El grupo Frente de Defensa de Cotabambas informó que la nueva propietaria del proyecto realizó modificaciones al estudio de impacto ambiental, que además descartó la construcción de un mineroducto, lo que obligará a que el transporte del mineral sea por la superficie, con riesgo a contaminar la zona, según los pobladores.
Además, alega que se incluyó la construcción de una planta química de molibdeno y de una planta de filtros en la localidad de Fuerabamba, que pobladores consideran que afectaría a la cabecera de cuenca de un importante río.
La actividad minera es clave para la economía de Perú, que se ha visto afectada por conflictos sociales en los últimos meses. Según la Defensoría del Pueblo, hasta septiembre existían 214 conflictos sociales, 67% de ellos de tipo socioambiental.