Requeridos en procedimiento simplificado por ocupar una oficina pública e impedir su funcionamiento, quedaron los 31 mapuche detenidos la madrugada del lunes por Carabineros al desalojar la Dirección Nacional de la Corporación para el Desarrollo Indígena (Conadi) en Temuco.

La audiencia encabezada por la jueza de Garantía de turno en Temuco, Luz Mónica Arancibia, se desarrolló durante la tarde de este lunes bajo excepcionales medidas de seguridad a cargo de Gendarmería al interior de edificio de los Juzgados de Garantía y Tribunal Oral, además de Carabineros en el exterior del recinto emplazado a los pies del cerro Ñielol.

Los treinta y un detenidos, tras ser individualizados, fueron requeridos por el fiscal Cristián Crisosto, pidiendo para un adolescente de 17 años la sanción de 120 horas de servicios comunitarios, en tanto para cinco de los detenidos solicitó una pena de 300 días de presidio y el pago de una multa de ocho unidades tributarias mensuales, al tiempo que para los restantes comuneros pidió una sanción de 100 días de reclusión y una multa de seis unidades tributarias mensuales.

El desalojo, explicó el fiscal Crisosto, fue solicitado por el director nacional de la Conadi, Alberto Pizarro Chañilao.

Personal de Carabineros detuvo a 33 personas pero dos de ellos adolescentes quedaron en libertad en la unidad policial a la espera de una citación.

El abogado defensor penal público mapuche, Ricardo Cáceres, integró el equipo defensor de los comuneros, solicitando a la jueza la ilegalidad de la detención por cuanto existe una sentencia del Juzgado de Familia que impedía el actuar de Carabineros sin antes salvaguardar la integridad de los niños que estaban en la ocupación lo que no se cumplió, al igual que avisar del hecho al Instituto de Derechos Humanos.

En la audiencia fue acogida por la jueza la denuncia de cinco de los detenidos, que sufrieron diversas lesiones durante el desalojo por lo que la Fiscalía deberá iniciar una investigación en contra de Carabineros.

El werkén o vocero de los comuneros, Rodrigo Curipán, quien fue una de las personas detenidas en el desalojo, a la salida de la audiencia aseveró que lo ocurrido sólo ratifica lo que ellos han denunciado insistentemente.

Todos los comuneros quedaron citados para una audiencia el próximo 30 de septiembre en la Sala Mapuche, recuperando de inmediato su libertad, aunque uno de ellos quedó detenido por orden del Juzgado de Garantía de Collipulli al mantener allí una causa pendiente por lo que será presentado a una audiencia este martes.

Carlos Martínez (RBB)

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