Tomando la acusación preparada por el fallecido fiscal Alberto Nisman, el fiscal Gerardo Pollicita, quien lleva la causa por el eventual encubrimiento a iraníes tras el atentado a la sede de la AMIA en Buenos Aires, resolvió imputar a la presidenta Cristina Fernández, al canciller Héctor Timerman, el dirigente kirchnerista Luis D’Elía y el diputado Andrés Arroque.

Según detalla Clarín, Pollicita prosiguió con la denuncia efectuada por Nisman el 14 de enero, que contiene escuchas telefónicas donde se detallarían relaciones del Gobierno con Irán.

El fiscal aceptó los argumentos de Nisman y acusó a la Presidenta y al canciller Héctor Timerman, entre otros allegados al gobierno, de “los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, según el texto difundido por la Fiscalía.

“En principio, resultan imputados en la denuncia que dio inicio a las presentes actuaciones la Sra. Cristina Fernández de Kirchner –Presidenta de la Nación-, los Sres. Héctor Marcos Timerman –Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación -, Andrés Larroque –Diputado Nacional-, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, Héctor Luis Yrimia –ex Fiscal Federal-, Luis Ángel D`Elia, Fernando Esteche y un sujeto identificado como “Allan” que sería Ramón Allan Héctor Bogado”, se agrega.

De esta forma, la mandataria de 61 años, podría ser citada a dar una declaración indagatoria, presencial o por escrito si el juez que lleva este caso, Daniel Rafecas, así lo decide.

Pero para sentarla en el banquillo debe ser destituida con mayoría de dos tercios de legisladores presentes en ambas cámaras del Congreso. Y, recordemos, el parlamento cuenta con mayoría oficialista en las cámaras de Diputados y Senadores.

Esta imputación se conoce previo a una marcha de silencio programada para el miércoles próximo para reclamar justicia, y que será encabezada por un grupo de fiscales y candidatos presidenciales opositores para las elecciones de octubre.

El origen del caso

El origen del caso se remonta a más de 20 años cuando desconocidos volaron con una bomba la mutual judeo-argentina AMIA, dejando un saldo de 85 muertos y 300 heridos.

En 2005, el extinto ex presidente Néstor Kirchner impulsó una denuncia contra ex gobernantes iraníes, entre ellos el ex presidente Ali Rafsanjani, causa que quedó en manos de Nisman.

Pero en 2013 Nisman y líderes de la numerosa colectividad judía se opusieron a un acuerdo de Kirchner con Irán para interrogar a los sospechosos y adujeron que Teherán no es confiable y que usaría el pacto para librarse de culpas.

El fallecido fiscal aseguró que Fernández intentaba encubrir a los iraníes a cambio de recibir petróleo, aunque el crudo de Teherán es inútil técnicamente para ser procesado en Argentina. También dijo que pidió levantar las alertas rojas con pedidos de captura internacional de los iraníes, pero Interpol lo desmintió.

Muerte dudosa

El 14 de enero Nisman acusó a Fernández de encubrir a los iraníes. Pero cuatro días más tarde apareció muerto en su departamento con un disparo en la cabeza y en su mano derecha una pistola pedida a un colaborador.

Un día después debía explicar ante comisiones del Congreso por qué acusaba a la mandataria.

El caso está en manos de la fiscal Viviana Fein quien lo caratuló “muerte dudosa, es decir suicidio, o suicidio inducido u homidicio”.

El rechazo a la denuncia de Nisman-Pollicita fue presentado por la Procuración del Tesoro (fiscalía de Estado) al señalar que “ninguna actuación de las autoridades del Gobierno tuvo por objeto la desincriminación de los ciudadanos iraníes”.

Escuchas telefónicas

Otros acusados por Nisman, con aval de Pollicita, son Andrés Larroque, uno de los líderes de la agrupación juvenil kirchnerista (peronismo de centroizquierda) La Cámpora, y el dirigente comunitario Luis D’Elía.

Otro imputado es un ciudadano argentino miembro de la comunidad musulmana Jorge ‘Yussuf’ Khalil.

Las pruebas contra el Gobierno se remiten a escuchas telefónicas entre D’Elía y Khalil.

La acusación contra Fernández y el anuncio de la manifestación prevista la semana próxima agudizaron la confrontación entre el gobierno que denuncia un golpe y la oposición que llama a movilizar una multitud.

“Somos concientes de que (la marcha) es un hecho político, pero no partidario”, afirmó al canal TN uno de los fiscales convocantes, Carlos Rívolo.

La réplica con ironía del secretario de Coordinación Estratégica del gobierno, Ricardo Forster, fue decir que “es como si los chef llamen a una convocatoria para decir que en Argentina se cocina mal”.