El Juzgado de Garantía de San Bernardo determinó ampliar la detención del funcionario administrativo del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, quien está imputado por presuntamente entregar información a una banda narcotraficante de la región Metropolitana.
Se trata de un ingeniero informático, identificado como Jaime Osvaldo Inostroza Andrade, quien cuenta con 29 años de servicio en el Poder Judicial.
El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía debido a que faltaba la realización de diligencias, tales como análisis y el vaciado de la información contenida en al menos dos celulares del imputado, entre otras.
En la instancia, el Ministerio de Seguridad Pública se presentó como querellante.
Por su parte, la defensa señaló que, en caso de ampliarse la detención y debido a la labor que desempeñaba en el Poder Judicial, pidió su traslado al Anexo Penitenciario Capitán Pedro Yáber. Sin embargo, como no hay cupos, se estableció en la audiencia que sea trasladado a la cárcel Santiago 1 con medidas de resguardo.
Fiscalía y defensa del funcionario del tribunal de Santiago
El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, declaró que los delitos imputados a Inostroza son cohecho agravado en carácter de reiterado, lavado de activos e infracción al artículo 38 de la Ley 20.000, que sanciona la entrega de antecedentes reservados de una investigación por tráfico de drogas.
Por otro lado, Pastén indicó que la captura del imputado, materializada por la Brigada Anticorrupción (Briac) de la PDI, ocurrió tras técnicas investigativas asociadas a las indagatorias de la Fiscalía Local de San Bernardo, a cargo de la fiscal Alejandra Vargas.
La defensa del imputado, encabezada por el abogado y exfiscal destituido tras ser condenado por abuso sexual, Tufit Bufadel, sostuvo que el funcionario del tribunal capitalino manifestó “su absoluta inocencia” previo a la audiencia.
Bufadel manifestó el temor del imputado de ir a Santiago 1, por circunstancias propias de una persona que se ha dedicado a imputar gente durante 29 años en los tribunales de justicia. Sin embargo, precisó que esto se mantenía hasta el momento solo como una apreciación, ya que no había recibido amenazas directas.
Sobre la imputación que se le hace a su representado, el exfiscal señaló: “Lo que nosotros sostenemos es que él no tiene ninguna posibilidad de influir respecto de ninguna decisión. Él no es juez, por lo tanto no puede influir ni dejar sin efecto órdenes de detención ni tampoco generar órdenes de detención”, planteó.
Asimismo, el abogado añadió: “Habría que ver cuál es la conducta específica que se le imputa respecto de eventual información y a quién se la habría dado“.