Una indemnización de 600 millones de pesos está pidiendo al Fisco la familia de quien fuera el último intendente de la Unidad Popular. El argumento de la demanda es la responsabilidad de dos agentes del Estado en las torturas que causaron la muerte a Fernando Álvarez, tras su detención el 11 de septiembre de 1973.
La acción legal fue presentada por el abogado Adolfo Montiel, en el marco de la acusación contra los dos procesados en la arista penal a cargo del ministro en visita Carlos Aldana.
Según precisó el profesional, se pide al Fisco el pago de 600 millones de pesos para la viuda e hijos del ex intendente Fernando Álvarez.
De acuerdo a la investigación criminal, Álvarez murió como consecuencia de los apremios ilegítimos recibidos durante su detención en la hoy Primera Comisaría de Carabineros penquista, y por los que están encausados como responsables el coronel en retiro de Carabineros, Sergio Arévalo, y el ex miembro del Ejército, José Puga.
Justamente la actuación de los dos ex uniformados es el principal argumento de la demanda civil contra el Estado.
El ministro Aldana, que deberá pronunciarse por la demanda en la misma sentencia penal, ordenó notificar al Consejo de Defensa del Estado, que deberá entregar sus descargos sobre la millonaria indemnización demandada.
