El alivio en México al saber que los estudiantes desaparecidos no están entre los cadáveres hallados en fosas fue fugaz. Y dieron paso a otras interrogantes, aún más aterradoras: ¿Quiénes son esos muertos? ¿cuántas personas han sido asesinadas en la ciudad de Iguala? y ¿dónde están los jóvenes?
El gobierno de Enrique Peña Nieto, presionado desde dentro y fuera de México, se ha comprometido a esclarecer este crimen que no tiene precedentes conocidos y ha conmocionado al país, en el que 43 estudiantes desaparecieron tras ser tiroteados por policías municipales y sicarios del narcotráfico la noche del 26 de septiembre.
La búsqueda de estos jóvenes se amplío este miércoles a otras seis regiones del país después de que la fiscalía anunciara que, de acuerdo a las pruebas de ADN, los jóvenes no están entre los 28 primeros cadáveres encontrados tras los ataques.
La fiscalía da a los estudiantes como “secuestrados” pese a que algunos detenidos han conducido a otras fosas con cuerpos y a que sicarios de Guerreros Unidos, el cartel que opera en la región, habrían reconocido desde prisión que asesinaron a algunos de los jóvenes.
“El secuestro es posible pero, mientras más tiempo pase, las expectativas de que se encuentren con vida van disminuyendo”, dijo a la AFP Javier Oliva, experto en seguridad de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Las familias de los alumnos, que tuvieron una inyección de esperanza con los resultados del ADN, siempre han asegurado que sus hijos están vivos y en poder de policías de Iguala fugitivos.
Sin embargo, para Oliva, resulta muy complicado “retener a 43 personas de manera incomunicada al 100%, que no puedan ser vistos por vecinos” ni localizados por el cerco de búsqueda del gobierno con más de un millar de fuerzas federales.
“Piensa sólo en cómo se les da de comer. Aunque solo sea una ración al día, ¿de dónde sacas para dar de comer a 43 personas?”, se interroga.
La policía de la región de Guerrero, a la que pertenece Iguala, llevó a caballos y perros de rastreo para ampliar la búsqueda de los jóvenes a zonas serranas de díficil acceso.
- ¿Quiénes son los muertos? -
La fiscalía mexicana no dio pistas sobre quiénes podrían ser los 28 cadáveres hallados en los tupidos cerros de Iguala, donde los propios vecinos aseguran que se esconde todo un “cementerio” clandestino.
“Pueden ser víctimas de pugnas (entre cárteles) o de extorsiones, secuestros, tráfico de órganos. Cosas verdaderamente malévolas y no lo digo en términos literarios sino literales”, expone Oliva.
Más de 80 cadáveres han sido desenterrados sólo en este 2014 en Iguala y sus alrededores.
Los habitantes de esta ciudad (140.000), situada a solo 200 km de Ciudad de México, llevan años aterrorizados por la impunidad del narcotráfico y su infiltración en las autoridades locales.
Vecinos de áreas rurales han narrado a la AFP que apenas salen de sus casas por las noches por temor a los sicarios que irrumpen allí para torturar y deshacerse de sus víctimas.
El gobierno ha dicho que los Guerreros Unidos eran hasta hace poco un pequeño cártel que peleaba por territorios en la región de Guerrero con otras dos organizaciones criminales, sobre las que finalmente se impuso beneficiada por su infiltración en autoridades locales.
El alcalde de Iguala y su esposa son buscados por la fiscalía mientras 26 de sus policías han sido detenidos como sospechosos de haberse llevado a los 43 estudiantes tras las balaceras.
Además, otros 14 agentes de la vecina localidad de Cocula fueron también arrestados y, según la fiscalía, han confesado que esa noche se desplazaron a Iguala, recibieron al grupo de estudiantes y lo entregaron en las afueras al cártel.
- “Horror y vergüenza” -
Después de ocho años de feroz lucha contra el narcotráfico, la sociedad mexicana está acostumbrada a todo tipo de atrocidades, pero este crimen ha impactado al país y el mundo entero. Y los reclamos han llegado de Estados Unidos u organismos como la ONU.
Los mexicanos sienten “horror y vergüenza ante el mundo”, dijo a la AFP Roy Campos, presidente de la encuestadora Consulta Mitofsky.
“Pero el principal sentimiento no es ni siquiera de un incremento de la inseguridad sino un deterioro de la imagen de la actividad política. Porque lo que se ha evidenciado es una convivencia entre las mafias y la política”, recalca Campos.
La indignación alcanza a políticos de todos los niveles. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, es acusado de no enfrentar al crimen organizado que atemoriza su región.
Y al gobierno de Peña Nieto se le señala de no haber actuado antes en Iguala pese a que los indicios de infiltración del cártel alcanzaban a la propia esposa del alcalde, hermana de tres narcotraficantes.