Se ha privilegiado el aspecto cuantitativo, es decir, la cantidad de viviendas entregadas, por sobre los cualitativos, como es la calidad de las casas, dónde se construyeron y la configuración segregada de los barrios en la planificación urbana luego del terremoto.

Esta es una de las principales críticas que realizan las organizaciones sociales y académicas que aseguran que el acento no debe ponerse sólo en la cantidad de viviendas que se levantaron durante la reconstrucción, sino en la pobre política urbanística con la que se ha desarrollado este proceso.

Este es el diagnóstico que entrega Xenia Fuster, cordinadora del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, quien – en conjunto con la ONG Surmaule – realizaron la investigación “Construcción de Ciudadanía Territorial en Chile”.

Una de las ciudades que refleja esta situación es Talca, donde las organizaciones sociales de la zona aseguran que la mala política de vivienda produjo segregación, expulsión y desplazamientos obligados de las familias damnificadas, perdiendo tejido social y separando a las familias que habían habitado el centro histórico por cientos de años.

Es la situación que manifiesta Francisco Letelier, miembo de la ONG SurMaule, quien aseguró que esto es producto de no haber generado un plan de reconstrucción, sino mantener los subsidios regulares para volver a levantar las ciudades.

Esta pobre política social en la planificación urbana tras el terremoto ha tenido una explicación mercantilista por parte de las empresas constructoras.

Por ejemplo, los planes de borde costero, que contienen 371 proyectos, tienen solo un 30% de avance. Para Eduardo Ampuero, miembro de la RED Construyamos, hay disparidades en el avance en las zonas urbanas y rurales, las que por ser menos rentables para las empresas constructoras, han quedado postergadas.

Otra de las críticas apuntan a que existen numerosas familias y comunidades que han quedado fuera del proceso de subsidios, debido a los plazos impuestos por el gobierno o por el alto nivel de exigencias que exigía el proceso.

La dirigenta del Movimiento Nacional por la Recontrucción justa en Santiago, Tusy Urra, afirmó que – por ejemplo – en Villa Olímpica en la comuna de Ñuñoa, existe gran número de personas, especialmente de la tercera edad, que no fueron incluidas en los subsidios por no contar con las condiciones sociales para recibirlo.

Los planes de borde costero, que contienen 371 proyectos, tienen solo un 30% de avance.