Polla Chilena de Beneficencia presentó el pasado jueves 20 de agosto una querella criminal contra operadores de casas de apuestas online, acusándolos de explotación no autorizada de casinos o loterías ilegales, lavado de activos y, eventualmente, asociación delictiva.
La acción fue presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y admitida a trámite el viernes 21, por lo que los antecedentes deberán ser investigados por el Ministerio Público. De acuerdo a la querella a la que accedió Radio Bío Bío, Polla pidió perseguir penalmente a las personas naturales y jurídicas responsables y determinar eventuales responsabilidades de las empresas involucradas.
Entre las plataformas mencionadas están Estelar Bet, Coolbet, Betsson, Betano, Jugabet, 1xBet, Micasino, Rojabet, Novibet, LatamWin y Juega en Línea.
Polla acusa operación dirigida a Chile
Según Polla, estas plataformas no serían simplemente sitios extranjeros accesibles desde Chile, sino que habrían desarrollado operaciones específicamente orientadas al mercado nacional.
Asimismo, sostiene que permiten registrar usuarios residentes en Chile, realizar depósitos y retiros mediante medios de pago disponibles localmente y acceder a promociones dirigidas al público nacional. A ello suma campañas publicitarias y contratos de patrocinio deportivo.
La querella afirma que las plataformas ofrecen apuestas deportivas y juegos como blackjack, póker, ruleta y tragamonedas. Al respecto, Polla plantea que las apuestas deportivas también pueden servir para captar usuarios y posteriormente ofrecerles otros juegos de azar.
Polla apunta al flujo del dinero
Según el texto, uno de los principales focos está en los recursos obtenidos mediante las apuestas. Polla sostiene que las plataformas utilizan mecanismos de pago para recibir dinero desde Chile, convertirlo en saldos para apostar, pagar premios y transferir posteriormente los recursos hacia sociedades relacionadas.
Por ello, pidió investigar el origen, circulación y destino de los fondos, incluyendo antecedentes bancarios y financieros, las cuentas utilizadas y sus beneficiarios finales, además de los mecanismos de distribución de las utilidades.
También solicitó información a proveedores de servicios de pago sobre contratos, registros de transacciones, alertas internas y antecedentes de cumplimiento.
Según Polla, estos antecedentes permitirían establecer si existieron maniobras destinadas a ocultar o disimular el origen de recursos provenientes de los delitos investigados, lo que eventualmente podría configurar lavado de activos.
Polla sostiene que una plataforma digital puede funcionar como una “casa digital” de juego, ya que concentra la oferta de apuestas, administra los saldos, procesa los resultados y permite efectuar pagos.
Además, pidió investigar una eventual asociación delictiva si se establece que existía una organización permanente, con estructura, jerarquías y distribución de funciones destinada a cometer los delitos denunciados.
Alegan que conocían la ilegalidad
Otro argumento es que los operadores habrían continuado funcionando pese a distintos pronunciamientos judiciales sobre las apuestas online no autorizadas, como la sentencia de la Corte Suprema de septiembre de 2025 y resoluciones de tribunales de garantía. Según Polla, pese a estos antecedentes, las plataformas mantuvieron su publicidad, contratos de patrocinio y oferta dirigida al público chileno.
La empresa también sostiene que el hecho de que algunas sociedades o servidores estén fuera de Chile no impediría la competencia de los tribunales nacionales, pues la actividad estaría dirigida al mercado chileno, con captación de usuarios, recepción de apuestas y circulación de recursos desde el país.
Así también la estatal sostiene que el perjuicio no se limita a la pérdida de apostadores o ingresos comerciales.
Esto, porque argumenta que el sistema legal de apuestas administrado por Polla contempla obligaciones como el pago de impuestos, la entrega de premios y la destinación de un 12% de los ingresos al Instituto Nacional de Deportes para financiar deporte y recreación.
A juicio de Polla, los operadores que funcionan fuera de ese régimen obtienen una ventaja económica al desarrollar la misma actividad sin someterse a esas obligaciones.
Piden diligencias a la PDI
Polla pidió que la PDI investigue los hechos y que se tome declaración a las personas individualizadas en la querella para determinar sus funciones y el conocimiento que tenían sobre la eventual ilegalidad de las operaciones.
También solicitó requerir información a Transbank sobre contratos con empresas vinculadas a Betsson, Coolbet, Betano y LatamWin, además de revisar documentación societaria, contratos con proveedores tecnológicos y procesadores de pago.
Por último, pidió oficiar a la Comisión para el Mercado Financiero, la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y la Subsecretaría de Telecomunicaciones para obtener antecedentes sobre las sociedades y sus operaciones.
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