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Tribunal de México ordena a fiscalía indemnizar a indígenas acusadas ilegalmente
Publicado por: Agencia AFP
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Un tribunal de M√©xico conden√≥ este mi√©rcoles a la fiscal√≠a general por haber arrestado “ilegalmente” a dos mujeres ind√≠genas y acusarlas de secuestrar a seis agentes policiales, una decisi√≥n considerada hist√≥rica que prev√© una indemnizaci√≥n y retractaci√≥n por parte de la instituci√≥n.

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa “conden√≥ a la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica a reparar el da√Īo que les fue ocasionado a las ind√≠genas otom√≠es del estado de Quer√©taro (centro)”, indica un comunicado de la instituci√≥n judicial.

En 2006, Alberta Alc√°ntara y Teresa Gonz√°lez fueron arrestadas y acusadas de haber raptado a seis polic√≠as de la ahora extinta Agencia Federal de Investigaci√≥n, por lo que fueron sentenciadas a 21 a√Īos de prisi√≥n. Sin embargo, ante la falta de pruebas fueron liberadas despu√©s de poco m√°s de tres a√Īos.

Este mi√©rcoles, el tribunal consider√≥ que las dos mujeres fueron “acusadas y aprehendidas ilegalmente”, por lo que la fiscal√≠a deber√° indemnizarles financieramente por “da√Īo patrimonial y moral”, as√≠ como reconocer su inocencia en los mismos medios donde fueron publicadas las acusaciones.

Un vocero del tribunal asegur√≥ a la AFP que es la primera vez que esa instituci√≥n toma una medida semejante de resarcimiento, mientras que las ONG Centro de Derechos Humanos Miguel Agust√≠n Pro Ju√°rez y Amnist√≠a Internacional calificaron la decisi√≥n de “hist√≥rica”.

“El mensaje que hoy env√≠a el M√°ximo Tribunal en Materia Administrativa del pa√≠s es que la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado posee un mecanismo para que las personas que son fabricadas culpables debido a la irregular actuaci√≥n de autoridades investigadoras tengan derecho a exigir al menos una compensaci√≥n econ√≥mica”, estimaron las ONG en un comunicado.

Sin embargo, las organizaciones subrayaron que la reparaci√≥n total del da√Īo en el derecho internacional contempla, adem√°s, que las autoridades del Estado ofrezcan una disculpa p√ļblica y castiguen a los responsables de la violaci√≥n de derechos, lo cual no se aplica en M√©xico “de manera integral”.

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, hay al menos 8.300 encarcelados en México que no accedieron al debido proceso por carecer de un abogado o intérprete.

A finales de octubre, el presidente Enrique Pe√Īa Nieto indult√≥ a un profesor ind√≠gena que purg√≥ 13 de los 60 a√Īos de su condena por un asesinato que no cometi√≥, y a los pocos d√≠as, la Suprema Corte de Justicia liber√≥ a un hombre que fue torturado para confesar la masacre de un grupo de j√≥venes.

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