La adhesión al paro nacional convocado por la Asociación de Empleados Fiscales y la Central Unitaria de Trabajadores generó un primer hecho polémico en la región del Bío Bío.
Esto, luego que en las oficinas del Serviu en Concepción, ubicadas frente al municipio penquista, los funcionarios acusaran al director de no cumplir con los compromisos pactados en relación a la movilización.
Lo anterior, luego que el encargado de la entidad, Francisco Merino, decidiera abrir las puertas del recinto a la comunidad, que estaba ocupado por los empleados.
“La verdad es que habíamos llegado a un acuerdo que era que se atenderían los turnos de la gente que venía a postular un subsidio, donde hay un proceso abierto y los que vienen de urgencia o que son extremos, y eso no se ha cumplido”, detalló Merino.
Por otra parte, Paula Quilodrán, una de las voceras de los trabajadores, explicó que “cerramos las puertas porque teníamos un acuerdo que no se cumplió, donde se establecía que cumpliríamos un turno ético, por lo que las puertas deberían estar cerradas. Pensamos en la ciudadanía, pero también esperamos que nuestras demandas sean escuchadas”.
Eso sí, los más perjudicados con esta situación fueron los ciudadanos, ya que mientras trabajadores y director negociaban para llegar a un consenso, los postulantes a subsidios se vieron obligados a esperar.
Fue lo que le ocurrió una mujer de Tomé, quien dijo a Radio Bío Bío que “debería haber gente que pueda atender y otras afuera protestando. Deberia haber alguien atendiendo, a los que necesitamos el tramite… hay gente que pidió permiso y no la dejan entrar”.
