El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, acompañado del Superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, anunció la presentación de un proyecto de ley que se enviará al Congreso en los próximos días y que considera la transformación de la superintendencia en una Comisión de Valores y Seguros, una iniciativa que busca dotar a la entidad de mayor autonomía y estabilidad, evitando que posibles cambios en el ciclo político la alteren.

El titular de Hacienda manifestó que se trata de una reforma institucional y que “si bien la SVS cuenta con un reconocido prestigio por su calidad técnica y profesional e independencia, existe consenso transversal acerca de la importancia de abordar una reforma institucional que permita fortalecerla”.

El jefe de las finanzas públicas explicó que la iniciativa, la cual se enmarca en la Agenda MKB y en el proceso de modernización del Estado impulsado por su cartera, enfrenta “la gran tarea pendiente que es lograr que la transformación y la evolución de los mercados que experimentamos día a día tenga como contrapartida un proceso simultáneo de modernización de los sistemas de regulación y supervisión que permita hacer frente a los nuevos riesgos y desafíos de este crecimiento del país”.

En materia de gobierno corporativo, el proyecto de ley reemplaza la autoridad unipersonal que ahora recae en un superintendente por un cuerpo colegiado de cinco miembros que adoptará sus decisiones por la regla de la mayoría. El ministro explicó que el proyecto considera el nombramiento de comisionados con cargos de plazo fijo que se renovarán por parcialidades y no podrán ser removidos discrecionalmente.

En relación al proceso regulatorio, se elevan estándares de transparencia (consulta pública y análisis de impacto de nuevas regulaciones) y se establece la posibilidad de que un órgano colegiado de confianza al Congreso amplíe las atribuciones normativas de la Comisión a través del Congreso Nacional.

En cuanto al proceso sancionatorio, se proyecta reforzar las garantías de debido proceso mediante la separación de función de investigación (unidad especializada a cargo de Fiscal) y la aplicación de sanciones que corresponderá a la Comisión como órgano colegiado y un proceso de revisión judicial más expedito.

Por último, se pretende mejorar en materia de rendición de cuentas reforzando los estándares de transparencia y accountability respecto de la gestión de la comisión.