D.L. 701: ¿Subsidio, política pública o el mejor negocio del Estado chileno?

Por años, el Decreto Ley 701 ha sido objeto de un debate tan persistente como polarizado. Para algunos, se trata de un subsidio injustificado a grandes empresas forestales; para otros, de una de las políticas públicas más exitosas en la historia económica y ambiental de Chile. La realidad, como suele ocurrir, es más compleja.

Esta columna recoge antecedentes ampliamente documentados por profesionales del sector, entre ellos los ingenieros forestales Jaime Salas y Eduardo Morales, cuyas publicaciones han contribuido a entender con mayor profundidad el origen, funcionamiento y efectos del D.L. 701.

El D.L. 701, promulgado en 1974 en un contexto de crisis económica, buscaba incentivar la forestación en suelos degradados. No partía desde cero. Ya existían esfuerzos previos, como la Ley de Bosques de 1931, que establecía incentivos e instrumentos técnicos para la forestación, aunque estos quedaron obsoletos por falta de actualización frente a la inflación. El nuevo decreto vino a corregir, ampliar y operacionalizar esa política.

Desde el punto de vista social, el impacto fue significativo. El sector forestal llegó a generar empleo directo e indirecto para cientos de miles de personas, particularmente en zonas rurales donde las alternativas eran escasas. Además, contribuyó al desarrollo de capital humano, con la creación de múltiples escuelas de ingeniería forestal y la profesionalización de la actividad.

En lo económico, el debate se vuelve más interesante. Se suele afirmar que el D.L. 701 entregó “subsidios” al sector forestal. Sin embargo, el propio diseño del instrumento plantea algo distinto: las bonificaciones debían registrarse como ingresos diferidos, incorporándose a la base imponible al momento de la cosecha. En la práctica, esto implica que el Estado recupera parte relevante de ese incentivo vía impuestos, lo que permite argumentar que no se trató de una simple transferencia, sino de un mecanismo de fomento con retorno fiscal.

A esto se suma el rol exportador del sector. Con miles de millones de dólares en envíos anuales y un aporte relevante al PIB, la actividad forestal se consolidó como uno de los pilares productivos del país. Difícilmente ese desarrollo habría ocurrido al mismo ritmo sin una política de incentivo sostenida.

En paralelo a su implementación, el D.L. 701 no solo impulsó la forestación, sino que permitió un proceso sostenido de aprendizaje y mejora técnica en toda la cadena productiva. A lo largo de décadas se desarrollaron programas de mejoramiento genético, se perfeccionaron los sistemas de viverización, plantación, podas, raleos y cosecha, y se incorporaron avances significativos en aserrío, secado de la madera y elaboración de productos.

Este proceso permitió transformar una actividad incipiente en una industria sofisticada, capaz de competir en mercados internacionales exigentes y de posicionar a Chile como un actor relevante en exportaciones forestales. Detrás de ese desarrollo hay conocimiento acumulado, inversión y adaptación continua a distintas condiciones de suelo y clima.

Por lo mismo, cualquier política futura debiera reconocer esa experiencia. En particular, resulta fundamental resguardar la libertad de los propietarios para elegir las especies a plantar, en función de sus condiciones específicas y de los objetivos productivos que persigan.

El componente ambiental es, quizás, el más controvertido. Parte importante de la discusión ha comparado las plantaciones forestales con el bosque nativo. Sin embargo, esa comparación es incorrecta: las plantaciones deben evaluarse frente al suelo erosionado que reemplazan.

Bajo ese prisma, el cambio es evidente. Las plantaciones generan mayor biodiversidad que el suelo degradado, contribuyen a mejorar la infiltración de agua hacia las napas subterráneas, capturan dióxido de carbono y, con el tiempo, forman suelo a partir de la acumulación de materia orgánica. Además, detienen procesos erosivos que, de otro modo, continúan degradando el territorio.

A medio siglo de su creación, el D.L. 701 deja una lección evidente: las políticas públicas de largo plazo sí pueden transformar la estructura productiva de un país.

Pero hay un punto que rara vez se menciona con suficiente claridad. Desde aproximadamente 2019 en adelante, la recaudación anual de impuestos del sector forestal alcanza para cubrir, en un solo año, todo lo que el Estado invirtió durante más de tres décadas en bonificaciones. En la práctica, lo que muchos han catalogado como “subsidio” terminó siendo un negocio extraordinariamente rentable para el Estado de Chile.

Hoy, cuando amplias superficies del país continúan degradándose, Chile necesita un nuevo instrumento de fomento forestal —similar en espíritu al D.L. 701— que permita abordar al menos 1,5 millones de hectáreas en proceso de erosión. Un instrumento enfocado en pequeños y medianos propietarios, que incentive la forestación con criterios modernos y que promueva rotaciones más largas, orientadas a la producción de madera aserrable de mayor valor.

Más que una discusión ideológica, el desafío es práctico: replicar un modelo que, con ajustes y aprendizajes, demostró que es posible recuperar suelos, generar empleo y construir una base productiva sólida.