Los opositores al presidente Mohamed Mursi fueron convocados a manifestar el martes en todo Egipto contra el decreto que otorga amplios poderes suplementarios al jefe del Estado, quien los mantuvo el lunes a pesar de la justicia y de varios días de disturbios.

El martes de mañana se registraron enfrentamientos entre grupos de jóvenes y la policía a poca distancia de la Plaza Tahrir en El Cairo, donde los militantes se preparaban para un gran mitin previsto durante la tarde y al anochecer.

Estos choques esporádicos, que comenzaron la semana pasada alrededor de la plaza, se reanudaron en los alrededores de la embajada norteamericana con pedradas y disparos de granadas lacrimógenas.

Los militantes opuestos a Mursi llamaron al cese de los enfrentamientos, por temor a que se extendieran al lugar de la manifestación.

En la Plaza Tahrir, una aldea de carpas está instalada desde el viernes para protestar contra el decreto mediante el cual el presidente islamista puso sus decisiones por encima de cualquier recurso ante la justicia, una iniciativa que la oposición denunció como una desviación dictatorial.

Esta crisis es la más grave desde la elección en junio de Mursi, surgido de los Hermanos Musulmanes, para dirigir el país más poblado del mundo árabe, con 83 millones de habitantes.

Los disturbios que provocó en Egipto en los últimos días dejaron dos muertos y cerca de 450 heridos, según cifras oficiales.

“El presidente empuja al pueblo a la desobediencia civil”, “Los Hermanos Musulmanes roban la revolución”, proclamaban las banderolas en la Plaza Tahrir.

“Nos quedaremos en Tahrir hasta que Mursi haya anulado su declaración”, afirmó Ahmed Fahmy, un desempleado de 34 años que acampa en esta plaza símbolo de la revuelta que provocó la caída del presidente Hosni Mubarak en febrero de 2011.

“PROTEGER A LA REVOLUCIÓN”

Los Hermanos Musulmanes, que en una primera etapa llamaron a manifestar en otro barrio de El Cairo para apoyar al presidente, anularon ese mitin, explicando que querían evitar enfrentamientos.

Después de una entrevista con la jerarquía judicial el lunes, Mursi decidió mantener el polémico decreto.

La única inflexión aparente es que sólo sus “poderes soberanos” están excluidos de toda posibilidad de un recurso ante la justicia, indicó su portavoz, Yaser Ali. Este vocero sugirió que las decisiones de rutina podrían ser sometidas al juez, aunque sin definir en detalle esos “poderes soberanos”.

El decreto anunciado el 22 de noviembre permite al presidente tomar toda decisión que juzgue necesaria para “proteger la revolución”, e impide que la justicia examine las demandas contra el proceso de redacción de la Constitución, que sus adversarios consideran dominado por los islamistas.

Los partidarios de Mursi destacan que esos poderes excepcionales darán al mandatario los medios para realizar reformas indispensables y aseguran que cesarán con la adopción, prevista dentro de algunos meses, de la nueva Constitución.

En su decreto, el jefe del Estado también pidió “nuevas investigaciones y sentencias” en los casos de asesinatos de manifestantes durante la revuelta de 2011, lo que constituye una amenaza para ciertos altos jerarcas militares y policiales, y quizás de un nuevo proceso a Hosni Mubarak.

Este último punto responde a los insistentes pedidos de la oposición y de una gran parte de la opinón pública. Estos opinan que los procesos que se llevaron a cabo hasta ahora fueron obsecuentes con los inculpados.