La Fundación Amparo y Justicia y el Programa Apoyo a Víctimas de la subsecretaría de Prevención del Delito, entregaron este miércoles al ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, una propuesta de Entrevistas Videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, con el objeto de reducir el trauma que experimentan durante su paso por el proceso penal.

La iniciativa es el resultado de una asesoría encargada a académicos del Proyecto U-Redes Infancia y Justicia, de las Facultades de Ciencias Sociales y Derecho de la Universidad de Chile, y en la que han participado representantes del ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Poder Judicial y el senador Patricio Walker.

Los documentos entregados incluyen los fundamentos teóricos, antecedentes técnicos y estudio de costos para la implementación del sistema en el país, que busca principalmente la videograbación del testimonio de las víctimas menores de edad, de manera que no tengan que repetir su relato en reiteradas ocasiones y a diferentes funcionarios.

“Esta propuesta busca garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país, poniéndonos en sintonía con los más altos estándares internacionales en la materia. Este desafío intenta adecuar nuestra legislación a los principios y normas contenidos en los distintos tratados vigentes ratificados por Chile, en especial la Convención Internacional de Derechos del Niño, resguardando la integridad psíquica y física del niño, su indemnidad, velando siempre por el interés superior del mismo”, explicó el presidente de Fundación Amparo y Justicia, Ramón Suárez.

En la ocasión, el ministro de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Hinzpeter, explicó que la iniciativa “establece una Sistema de Entrevistas Videograbadas, que es en el fondo una nueva versión, una nueva misión, un nuevo estándar, mucho más civilizado, mucho más acogedor, mucho más prudente, que va a garantizar que cuando un niño denuncie un delito, se le trate como niño y se le cuide como niño, porque esa es nuestra primera preocupación como sociedad”.

“El propósito –agregó- es buscar normas adecuadas para que cuando se produzca una denuncia, porque un menor eventualmente ha sido abusado, ese menor no sea sometido a interrogatorio sin debidos profesionales que estén cautelando que ello se lleve adelante en conformidad a las normas que deben inspirar ese proceso, que es proteger al menor que está dando un paso muy doloroso, como es denunciar que ha sido víctima de un abuso”, dijo el ministro del Interior.