Un juez negó un recurso de amparo contra la decisión del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de prohibir a sus ministros dar entrevistas a medios privados a los que acusa de difamar al gobierno, según un fallo conocido este viernes.

El magistrado Raúl Reinoso desechó la acción presentada por la ONG Fundamedios, señalando que “no existe vulneración” alguna, pues la medida no responde a una “política pública”, sino que se trata de una postura adoptada en el ejercicio del gobierno.

A través de su abogado, Santiago Guarderas, Fundamedios anunció que apelará la sentencia.

Para este observatorio, el veto viola el derecho a la información y es discriminatorio con los medios privados, que “se encuentran en circunstancias idénticas a los públicos y comunitarios”.

El recurso buscaba que se levantara la prohibición anunciada por Correa el pasado 16 de junio.

“Nuestros ministros y altos funcionarios del gobierno central no irán a dar entrevistas a estos negocios dedicados a la comunicación”, dijo entonces el mandatario izquierdista, enfrentado con un sector de la prensa al que acusa de estar alineado con la oposición y grupos privados para desestabilizarlo.

Correa asegura que la medida se enfoca en los “medios mercantilistas nacionales propiedad de media docena de familias”, entre los que cuenta a los diarios El Universo, El Comercio, La Hora, Expreso y Hoy, y a las televisoras Ecuavisa y Teleamazonas.

El gobernante admite que hay miembros del gabinete que no están de acuerdo con la medida, pero insiste en que dará la batalla “hasta que esta gente (los medios) cambie su actitud”, si bien a su juicio el problema de fondo es que “son negocios privados con fines de lucro proveyendo un derecho”.

“No hay ningún atentado a la libertad de expresión, sino al ‘business’ (negocio) de estos señores”, afirma Correa, quien sostiene estar vetado por algunas estaciones y ha retado a los medios privados a renunciar a la publicidad oficial.

Según el presidente, “la gota que derramó el vaso” fue una publicación de El Universo sobre el patrimonio de un alto funcionario, la cual consideró mal intencionada.